Santo Domingo.- La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dio a conocer este lunes los detalles de una importante operación llevada a cabo por cuatro instituciones públicas, en el marco de una acción gubernamental que buscó apelar una resolución judicial que había declarado inadmisible la solicitud de coerción contra ocupantes ilegales de terrenos en San Juan de la Maguana.
Ortiz Bosch explicó que, de no haberse llevado a cabo esta acción, se habría favorecido a particulares que deforestaron y ocupan de manera ilegal más de 19 mil metros cuadrados de terrenos urbanos en dicha provincia. La funcionaria destacó que la intervención tuvo como objetivo evitar que estos ocupantes ilegales continuaran afectando el entorno natural y urbano de la zona.
Tras recibir un informe inicial sobre el caso, el presidente Luis Abinader instruyó a Ortiz Bosch para que, junto con Bienes Nacionales, realizara una exhaustiva investigación, en la que se incorporaron varias entidades, incluido el mayor general de la Policía Nacional y asesor presidencial en materia policial, Edward Sánchez González. También participaron el Ministerio de Medio Ambiente y el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.
El conflicto judicial comenzó cuando, el 15 de julio de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente interpuso una querella contra los señores Luis Eduardo Rodríguez y Omar Geraldo Montilla, responsables de la ocupación ilegal de los terrenos. Sin embargo, el 15 de agosto de 2024, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana declaró inadmisible la solicitud de coerción por considerar que carecía de una “formulación precisa de cargo”. Esta decisión fue apelada tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por el Ministerio Público en los meses de septiembre del mismo año.
La situación fue calificada como “urgente para el Estado” por Ortiz Bosch, quien, el 28 de enero de 2025, solicitó al licenciado Jorge Luis Polanco, coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, que se asignara un equipo de abogados para respaldar el recurso de apelación. La solicitud fue atendida, y la intervención legal culminó el pasado 12 de febrero, con la revocación de la inadmisibilidad y la fijación de una audiencia ante la Corte de Apelación de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Juan.
El terreno ocupado, situado en el sector Los Rónzinos, ha sido deforestado en su totalidad, con la instalación de hasta 36 negocios ilegales. La superficie afectada abarca 19,518.01 metros cuadrados, lo que constituye un grave delito ambiental relacionado con la deforestación, la protección del medio ambiente y el cambio climático.
El pasado 10 de febrero de 2025, Ortiz Bosch envió comunicaciones al director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, y al ministro de Medio Ambiente, Armando Piano Henríquez, solicitando su representación legal en este caso de interés público.
Finalmente, el recurso de apelación fue admitido por la Corte de Apelación, quien impuso medidas de coerción contra los acusados, Luis Eduardo Rodríguez Cordero y Omar Gerardo Montilla, ordenando su presentación periódica cada último viernes de mes ante el Procurador General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta la conclusión del proceso investigativo.