El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquier persona que participe o colabore en las protestas en Irán será considerada “enemigo de Dios”, un delito que la legislación iraní castiga con la pena de muerte. La amenaza fue difundida por la televisión estatal en medio de una intensificación de la represión y el aislamiento informativo, tras casi dos semanas de movilizaciones multitudinarias en todo el país.
Según datos de Human Rights Activists News Agency (HRANA) recogidos por Associated Press, la represión ha dejado al menos 72 fallecidos y más de 2.300 personas detenidas.
Azad afirmó que los fiscales deben “preparar rápidamente el terreno para el juicio y una confrontación decisiva” contra quienes, a su juicio, traicionan a la nación y buscan “la dominación extranjera sobre el país”. Exigió que los procesos judiciales se lleven a cabo “sin indulgencia, compasión ni clemencia”.
Las autoridades del régimen iraní sostienen que quienes simplemente “ayuden” a los manifestantes podrían ser juzgados bajo este cargo capital.
El incremento de la violencia no se ha traducido en una disminución de las manifestaciones. Iran Human Rights documentó al menos 51 víctimas mortales, entre ellas nueve menores de edad, mientras que HRANA elevó la cifra a 65. Las protestas se han extendido a barrios de Teherán, como Sadatabad, y a ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas. La televisión estatal ha mostrado funerales de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos durante los enfrentamientos, en un intento de afirmar el control gubernamental sobre la situación.
El número real de muertos y heridos no puede confirmarse con exactitud debido a la imposición de un apagón de internet a nivel nacional. Según NetBlocks, la población llevaba más de 36 horas sin acceso estable a la red, lo que ha motivado peticiones para el restablecimiento de las comunicaciones. Activistas y cineastas han denunciado que la censura tiene como objetivo ocultar la magnitud de la violencia y las violaciones de derechos humanos, mientras diversas ONG internacionales advierten que las restricciones dificultan la verificación independiente de los hechos.
Organizaciones como Amnistía Internacional y HRANA denuncian detenciones masivas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. La Unión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, expresó “pleno respaldo” a las demandas de libertad de la ciudadanía iraní y condenó enérgicamente la represión. Von der Leyen pidió la liberación inmediata de los detenidos y el respeto de los derechos fundamentales. Otras voces europeas, como la alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas, calificaron la respuesta oficial como “inaceptable”. Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, manifestó el apoyo de Estados Unidos al pueblo iraní.
Las autoridades de Irán insisten en atribuir las protestas a una supuesta injerencia extranjera. El líder supremo, Ali Khamenei, calificó de “vándalos” a los manifestantes y responsabilizó a Estados Unidos de fomentar el descontento. El consejero de seguridad Alí Larijani declaró que “estamos en plena guerra” y denunció la supuesta organización de incidentes desde el exterior, reafirmando la postura oficial sobre la manipulación internacional de las protestas.
Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso del rial, la inflación y la crisis económica agravada por las sanciones internacionales. El primer foco de protestas se situó en el Gran Bazar de Teherán y luego se expandió rápidamente a más de cien ciudades. Las consignas, centradas al inicio en el deterioro de las condiciones de vida, derivaron pronto en cuestionamientos explícitos al liderazgo político y religioso.
La sociedad civil y la oposición exiliada también han intervenido pese al clima de persecución. El líder opositor Reza Pahlavi hizo un llamado a la población para “reclamar los espacios públicos” y participar en las manifestaciones portando los antiguos símbolos nacionales. Estos llamados han tenido respuesta en varias ciudades, mientras numerosas organizaciones mantienen la vigilancia internacional sobre la situación de los derechos humanos en Irán.
El temor ante la posibilidad de una intensificación de la represión es creciente, especialmente bajo las condiciones de censura y bloqueo informativo. En un contexto donde los abusos podrían producirse fuera del escrutinio internacional, activistas y observadores insisten en la importancia de mantener la atención global sobre la evolución de los acontecimientos en Irán.