El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, dijo que la situación que sacude a Haití mantiene alarmada a la sociedad dominicana por el desbordamiento de ilegales de esa nación, sin que se advierta una respuesta categórica por parte de las autoridades, y que tampoco se evidencia este tema en las agendas de los grandes partidos y líderes políticos del país.
El dirigente de la entidad patriótica señaló que “poco importa el permanente tráfico impune de haitianos hacia la República Dominicana; y ofrece una idea de lo descomunal que resulta, cuando la propia Dirección General de Migración afirma que, desde el 2017 a junio de 2023, repatrió hacia Haití unos 593 mil de sus nacionales.
El doctor Gómez Ramírez manifestó que los consulados dominicanos establecidos allí otorgaron unas 548 mil visas, en ese mismo período de siete años.
Saludó la suspensión de la emisión de visados a ciudadanos haitianos, determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, pues resulta revelador el dato de que, en solo 60 días, tomando como referencia abril-junio de este año, los cónsules dominicanos acreditados en Haití concedieron 27 mil 123 visas a personas del vecino país.
Precisó que “esto deja entrever que no hay límites ni un estricto control, conforme a las circunstancias actuales, para autorizar el ingreso de personas a nuestro país; peor aún es que se aprueban todas las solicitudes de visados que hacen los haitianos”.
Indicó que, como consecuencia del agravamiento de la crisis en el vecino país, tras la trágica muerte del presidente Jovenel Möise, el predominio de peligrosas bandas armadas y la ausencia de autoridad en ese país, han influido para que se produzca el incremento del ingreso desenfrenado de hombres, mujeres y niños desprovistos de documentos, hacia el territorio dominicano.
“Miembros del Instituto Duartiano han podido comprobar el trasiego profuso de haitianos que son traídos al país en vehículos de motor que se desplazan por la frontera Sur y Norte, revelando conexiones con determinadas estaciones militares que deben de ejercer control y, no obstante, tras recibir llamadas e instrucciones hacen chequeo superficial y franquean esas unidades”, denunció el presidente del Instituto Duartiano.
Puntualizó que los haitianos representan el 5% de la población carcelaria del país y constituyen el 80% de los extranjeros que guardan prisión en los establecimientos penitenciarios, y se puede advertir una tendencia creciente de nacionales de la vecina nación que se involucran en graves crímenes y delitos en territorio dominicano.
El doctor Gómez Ramírez aseguró que la política migratoria que siguen las autoridades no está en consonancia con la gravedad que representa la problemática haitiana, “parece ignorarse la existencia de guetos de indocumentados de personas que provienen de Haití, con todo lo que esto entraña para la seguridad nacional; resulta sumamente preocupante que el gobierno no tenga control en comunidades de la frontera, en determinados barrios de los pueblos del país, sin que haya alguna acción concreta en tal sentido”.
Agregó que “hay que precisar que fue el presidente Jovenel Möise quien ordenó la desviación del río, conforme a lo que explicaron, en 2021, el vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph y el Cónsul Haitiano en la época, Francois Guerrier y otros funcionarios del vecino país; por tanto, no se puede aceptar la afirmación de que la autoridad haitiana no es la responsable de esta grave violación a un pacto internacional”.
Sostuvo que hay que actuar con el más elevado espíritu patriótico y sentido de urgencia, para propiciar la construcción del muro fronterizo, despejando, de una vez por todas, el misterio de su extrema lentitud, aclarando su concepción técnica y permitiendo que una comisión de entidades patrióticas reconocidas pueda hacer comprobaciones del estado de la obra.
Consideró que se impone trabajar seriamente para enfrentar la corrupción que se verifica en la frontera, y cumplir con lo establecido en el Código Laboral, con respecto al 80% a favor de la mano de obra dominicana en las actividades económicas del país.
Apuntó que resulta imperiosa la aplicación de las normas migratorias y, en consecuencia, que, en el marco del respeto al debido proceso, sean repatriados todos los extranjeros ilegales, incluyendo a quienes permanecen en esa condición aun después de los dominicanos haber sufragado injusto y oneroso Plan de Regularización.
Apoya decisión del Consejo de Seguridad Nacional
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, se identificó con la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de cerrar por completa la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo a partir de este jueves, si la situación creada por la construcción de un canal en el río Masacre no se resuelve antes de esa fecha.
También juzgó como acertadas las demás medidas tomadas, en especial la disposición de reactivar la denominada Toma de la Aduana en el río Masacre, donde se origina el canal La Vigía, para garantizar el abastecimiento de agua a los productores fronterizos dominicanos, y apoyó que se impulse la construcción del proyecto de la presa Don Miguel, el cual contribuiría a resolver de manera definitiva el problema del líquido en esa región.
“Estas son decisiones correctas y oportunas ante la grosera violación en que incurre la autoridad haitiana, que ha permitido el reinicio de la construcción de un canal o dique con el objetivo de afectar los flujos o el curso de las aguas del río Masacre, sin tomar en cuenta los acuerdos jurídicos firmados, los factores ecológicos, hidrográficos, geográficos, ni los efectos del curso de agua por un Estado en el territorio de otro, en desconocimiento del Tratado de Paz y Arbitraje entre República Dominicana y Haití de 1929, así como el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936”, explicó.
Recordó que el artículo 10 del referido Tratado de Paz y Arbitraje entre República Dominicana y Haití en 1929, hace una precisión en el sentido de que las partes que suscribieron dicho convenio se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de derivar la corriente de los ríos que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro.