El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, compartió recientemente una serie de propuestas para modificar la Ley 63-17, con el objetivo de hacerla más efectiva frente al creciente número de accidentes de tránsito que han causado numerosas víctimas y conmocionado a la sociedad.
Las modificaciones fueron presentadas en un documento ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y surgen como respuesta al clamor ciudadano y el debate nacional generado por funcionarios y legisladores. En este contexto, Morrison señaló que es urgente fortalecer el marco legal y garantizar un régimen de consecuencias más severas para quienes violen las normativas de tránsito.
Algunas de las medidas propuestas incluyen:
1. Procedimiento de rebeldía: Se plantea instaurar un sistema para que los infractores que no paguen sus multas sean declarados en rebeldía, lo que podría conllevar la pérdida de la licencia de conducir, previa autorización de un juez.
2. Extensión de la prescripción de infracciones: Se propone aumentar el plazo de prescripción de las infracciones de tránsito, de 1 a 5 años, con el fin de asegurar que las sanciones se apliquen con justicia.
3. Refuerzo de la fiscalización: Las sanciones para el transporte de carga con exceso de peso o dimensiones se endurecerán, para reducir el riesgo de accidentes asociados a estos vehículos.
4. Retención de vehículos: Se establecerá la retención de vehículos cuyos conductores estacionen indebidamente o conduzcan bajo los efectos del alcohol, además de cubrir los costos de remoción.
5. Pruebas de alcoholímetro: La Policía Nacional estará habilitada para realizar pruebas de alcoholímetro junto con la Digesett, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de expendio de bebidas, avenidas principales y centros turísticos.
6. Reducción de los Límites de velocidad: Se propone una reducción en los límites de velocidad en avenidas, calles, túneles y elevados, alineándose con los estándares internacionales, y aumentando la presencia de patrullas de tránsito 24/7.
7. Sanciones por carreras clandestinas: Las penas por participar en carreras clandestinas serían severas, con sentencias de prisión de 1 a 2 años para los infractores.
8. Mayor presencia de la Digesett: Se incrementarán los recursos para la Digesett, para asegurar su presencia continua durante las 24 horas del día, en noches, días feriados y en zonas con alta siniestralidad.
9. Multas para motociclistas: Se impondrán sanciones más estrictas a los motociclistas que no utilicen casco, no porten licencia de conducir o no tengan su documentación al día, sin excepciones.
10. Restricción de servicios por multas impagas: El no pago de multas podría impedir la obtención de certificados de buena conducta, la renovación de licencias y del marbete, con el respaldo de la justicia para garantizar que estas sanciones sean obligatorias.
Estas propuestas se presentan en un momento clave, tras recientes accidentes de alto impacto como el de Aida Nicole, cuyo trágico fallecimiento generó una ola de indignación en la sociedad, y el reciente accidente en Las Yayas de Azua, donde un camión sobrecargado dejó 11 muertos y más de 30 heridos. Estos casos subrayan la necesidad urgente de medidas más contundentes para reducir la siniestralidad en las carreteras del país.
Con estas reformas, el Gobierno busca hacer frente a uno de los mayores problemas de seguridad vial que afecta a la nación, buscando soluciones inmediatas que salven vidas y minimicen los daños colaterales de la irresponsabilidad al volante.