La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) anunció que entrará en una fase más profunda de modernización institucional. El movimiento no es aislado: responde a los compromisos asumidos por el país tras la presentación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI) 2030, una hoja de ruta impulsada por el Gobierno dominicano junto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El director general de la entidad, José Ruben Gonell Cosme, lo resumió sin rodeos: el derecho de autor necesita ponerse al día si quiere sostener el crecimiento de la economía creativa. Según explicó, la meta es consolidar un sistema “moderno, accesible y eficaz”, capaz de responder a los desafíos que impone el entorno digital.
Gonell Cosme sostuvo: “En la ONDA hemos avanzado, pero el reto ahora con la ENPI 2030 es dar más impulso al trabajo, tanto de modernización, como en las campañas de capacitación y promoción del derecho de autor”.
Cuatro ejes para un cambio estructural
La transformación no comenzó ayer. Gonell recordó que en 2020 recibió instrucciones del presidente Luis Abinader para hacer más eficiente la institución y desde entonces, el trabajo se ha concentrado en cuatro frentes.
El primero es la digitalización. La ONDA integró sus servicios en una plataforma de consultas en línea que permite a los creadores registrar obras y recibir orientación legal sin tener que desplazarse. En un país donde muchos artistas trabajan desde el interior, el acceso remoto no es un detalle menor.
El segundo eje apunta al capital humano. La entidad ha reforzado la capacitación de su personal técnico y de sus examinadores, al tiempo que impulsa programas de certificación para gestores de propiedad intelectual. La intención es clara: contar con profesionales capaces de manejar conflictos cada vez más complejos, desde disputas por contenido digital hasta licencias de software.
El tercer punto es quizá el más sensible: la observancia en internet. La piratería sigue siendo un problema abierto. La ONDA adelantó que continuará trabajando en lineamientos sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet y que mantendrá la coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público para fortalecer la persecución de infracciones.
El cuarto eje mira hacia dentro del propio Estado. La ONDA participará en el Sistema Nacional de Gestión de Activos de Propiedad Intelectual, un repositorio que organizará y protegerá obras, desarrollos tecnológicos y software creados con fondos públicos. Además, se buscará consolidar estadísticas de sectores como música, cine y audiovisual para medir su verdadero peso en la economía.
Una estrategia con alcance más amplio
La ENPI 2030 no se limita al derecho de autor. También traza metas en salud, agroindustria y economía digital. Se propone, por ejemplo, fomentar el patentamiento de compuestos derivados de la biodiversidad local y proteger productos emblemáticos mediante Indicaciones Geográficas. En el terreno digital, el énfasis estará en blindar software, videojuegos y producciones audiovisuales.
El plan contempla además la adhesión al Protocolo de Madrid y la inclusión formal de la propiedad intelectual en el currículo de secundaria a partir de 2026. La apuesta es cultural: que las nuevas generaciones entiendan el valor de proteger lo que crean.
Respaldo institucional y mensaje político
El lanzamiento reciente de la estrategia reunió a representantes de los sectores público y privado. Participaron autoridades vinculadas a la propiedad intelectual, organismos internacionales y actores de la industria cultural.
El mensaje final fue más pragmático que triunfalista. “La misión no está cumplida”, admitió el ministro Eduardo Sanz Lovatón, quien encabezó el acto acompañado del subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Marco Alemán.
La ceremonia de lanzamiento contó con un amplio respaldo institucional y multisectorial, Entre las autoridades presentes destacaron la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de la Propiedad Intelectual (ADOPI), Lily Acevedo Gómez; y la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz.
También participaron el director general de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), José Rubén Gonell; el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Salvador Ramos; el magistrado Jonathan Baró, de la Procuraduría General de la República; así como embajadores, académicos y representantes del sector privado.