La comunidad internacional expresó este lunes su condena por la situación de derechos humanos en Venezuela y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, en respuesta a un informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que documenta represión sistemática tras las elecciones presidenciales de 2024.
Durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, múltiples países denunciaron las violaciones documentadas en el informe y demandaron acciones concretas del régimen chavista para cesar la persecución política.
Las declaraciones exigen el fin de la represión
La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por los actos de represión mencionados en el informe, especialmente contra quienes disienten. La UE instó a investigar los hechos y a que los responsables rindan cuentas, además de exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos extranjeros, y el cese de las detenciones arbitrarias. También pidió que se retiren las acusaciones contra las organizaciones no gubernamentales.
España se sumó a la evaluación de la UE, señalando que el informe demuestra que la represión se intensificó después de las elecciones de 2024. El país exigió la inmediata e incondicional liberación de todos los detenidos arbitrariamente y reveló que cuenta con 4 detenidos y 16 doble nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela.
Argentina condenó especialmente la práctica de detener arbitrariamente a extranjeros y mantenerlos en aislamiento, situación que calificó como desaparición forzada. El país exigió la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el cese del hostigamiento a ONGs y la cooperación con la misión del Alto Comisionado. En una intervención emotiva, el embajador Carlos Mario Foradori hizo referencia al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido, expresando esperanza de que Venezuela “se contagie de un virus maravilloso, el del respeto a la vida, la democracia y la libertad”.
Chile describió el informe como evidencia de “la reactivación de la represión en Venezuela”, calificando las conclusiones como alarmantes por documentar la represión a la disidencia y oposición. El país instó al Estado venezolano a cesar estas prácticas.
Brasil manifestó que sigue atento a la situación en Venezuela e instó a las autoridades a mejorar la situación de derechos humanos. Expresó preocupaciones por las detenciones de carácter político, aunque también mostró inquietud por las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela “que tienen impacto en los derechos humanos”. Brasil también expresó preocupación por ataques de EEUU a supuestos barcos de narcotraficantes procedentes de Venezuela, que calificó de “ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales que, si se confirman, constituirían una grave violación del derecho internacional”.
Paraguay señaló que la situación de derechos humanos en Venezuela se agravó tras las elecciones en 2024. El país reiteró su llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el pleno respeto de la voluntad del pueblo venezolano.
Perú expresó una vez más su preocupación por el nivel de acoso, encarcelamiento de disidentes, desaparición forzada y hostigamiento de periodistas y disidentes. El país rechazó la detención arbitraria de dos ciudadanos peruanos y exigió a las autoridades respetar sus derechos y brindar información sobre ellos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó que el Consejo Electoral venezolano aún no ha publicado las actas de recuento un año después de las elecciones, lo que socava la credibilidad del proceso. La OEA señaló que nadie ha rendido cuentas por las 25 ejecuciones reconocidas por el propio Estado relacionadas con las protestas por el resultado electoral, y denunció que las instituciones del Estado están diseñadas como instrumentos para perpetuar al gobierno en el poder.
Los únicos países que intervinieron en defensa de Venezuela fueron aliados geopolíticos del régimen chavista como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue. Cuestionaron la legitimidad de la Misión de Naciones Unidas y condenaron las sanciones internacionales impuestas a la dictadura de Maduro.
La misión de la ONU: “Todas las muertes permanecen en la impunidad”
Las condenas internacionales se basaron en el informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que abarca el periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El documento documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, así como represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes.
La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este lunes que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año confirman que sigue ocurriendo “el crimen de persecución por razones políticas”.
Destacó que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas” recae en definitiva en la comunidad internacional.
En el pasado, esta Comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe presentado hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta “nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024” y establece que la persecución política “ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades”.
Entre los elementos que aporta, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
“En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia”, expuso Valiñas.
La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía “no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado”, aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición.
“Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, denunció.