Santo Domingo.- El Ministerio Público de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un memorándum de entendimiento, con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación exitosa de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA).
La FTLA fue creada por el Ministerio Público y será dirigida por la procuradora general de corte de apelación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Luisa Liranzo, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional y la corrupción. Está integrada por ocho instituciones dedicadas a la prevención y persecución de delitos complejos, como son la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Para su puesta en funcionamiento, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Patricia Aguilera, firmaron la Carta de Implementación de Proyecto (CIP) entre la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de la embajada estadounidense en Santo Domingo y la Procuraduría General de la República Dominicana.
La procuradora Germán Brito destacó “que la constitución de la Fuerza de Tarea es algo muy significativo en el manejo de la persecución del crimen”, al tiempo de expresar que se sienten profundamente agradecidos por el apoyo brindando.
Manifestó también su satisfacción por el apoyo en la formulación de aspectos como la vigilancia y el seguimiento, “porque resulta que el crimen no tiene frontera”. “Realmente, es un gran avance”, enfatizó.
En ese mismo sentido, Aguilera resaltó “es un gusto estar todos nosotros aquí y por nuestra parte estamos a las órdenes; cuente con nuestro apoyo para asegurar que en todo lo que tiene que ver con combate de corrupción, especialmente en este grupo de Fuerza Tarea, puede contar con nosotros, con lo que necesiten, y estamos muy orgullosos de ser socios en lo que ustedes están haciendo aquí, así que muchísimas gracias”.
Un documento de prensa destaca que la carta describe las responsabilidades de los participantes para la implementación, supervisión y monitoreo del proyecto que responde a los objetivos e intenciones establecidos en la Carta de Acuerdo (CA), del 2013, sobre Control de Narcóticos y Ejecución de la Ley y sus enmiendas, de la que son parte los gobiernos de la República Dominicana y los Estados Unidos y que se lleva a cabo bajo los auspicios de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).
Los Estados Unidos colaborarán, entre otras, con capacitaciones especializadas para la Fuerza de Tarea y sus miembros en materia de investigación criminal, análisis, investigaciones cibernéticas, litigio en juicios, entre otros temas relevantes y vinculados.
También, ofrecerá asistencia técnica para el desarrollo de propuestas para el diseño de protocolos de trabajo que cubran, al menos, las siguientes áreas: administración, operación e intercambio de información, además de que ofrecerá acompañamiento técnico y asesoría en el análisis criminal y la definición de estrategias de investigación y litigio.
En tanto que la Procuraduría General de la República Dominicana (PGRD) tiene la responsabilidad de abogar para que el Poder Ejecutivo financie la puesta en marcha de la FTLA, incluyendo, entre otras cosas, las reparaciones estructurales de las instalaciones identificadas, la compensación de incentivos adicionales para los miembros del nuevo órgano y complementar sus costos operativos durante un mínimo de 3 años a partir de la firma de los memorandos de entendimiento con las ocho instituciones participantes.
Del mismo modo, la PGRD, además, deberá garantizar que todo el personal de la FTLA participe en programas de formación, educación y ejercicios y definir políticas y procedimientos internos de trabajo que permitan y fomenten el uso de los conocimientos y la formación en el trabajo diario de los miembros de la nueva entidad.
La carta fue firmada en el despacho de la procuradora general, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, con la participación de representantes de ambas instituciones.