Santo Domingo. Hernani Aquino, promotor de la campaña patriótica RDPorLoAlto, expresó que es fundamental considerar que, desde la sentencia TC/0005/20 emitida en 2020, los mayores de 65 años han sido objeto de una práctica inconstitucional al haber pagado tasas adicionales para renovar sus licencias, lo cual les coloca en una situación de discriminación injustificada.
Aquino sostiene que este cobro, al no cumplir con el mandato constitucional de igualdad, genera la obligación del Estado de resarcir a estos ciudadanos. La devolución de los montos pagados en estos últimos años sería una medida coherente con el respeto a los derechos fundamentales y una muestra de rectificación de las prácticas que se han mantenido a pesar del fallo del Tribunal Constitucional.
En caso de que la devolución directa de los montos resulte operativamente complicada, una alternativa viable sería otorgar un crédito a las personas afectadas, que pueda ser aplicado en futuras renovaciones o trámites relacionados. Esta medida compensatoria permitiría al Estado cumplir con el espíritu de la sentencia y, al mismo tiempo, evitaría que los adultos mayores continúen en desventaja financiera. Cualquiera de las dos opciones —devolución o crédito— representaría un acto de justicia y un reconocimiento al derecho que les fue vulnerado durante estos años.