Santiago.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial ratificó las medidas de coerción a seis hombres imputados de matar a tiros a un niño de 9 años, quien transitaba con su familia por la Circunvalación Norte después de llegar al país desde el extranjero el pasado 19 de abril.
El magistrado Julio Araújo, al considerar la constancia de los elementos que llevaron a la imposición de la medida de coerción, accedió a la solicitud de la Fiscalía de Santiago y confirmó la prisión preventiva por 12 meses para los acusados. Esta decisión, emitida el 5 de mayo pasado, se fundamenta en la gravedad de los delitos perpetrados por los imputados, quienes se asociaron para cometer homicidio y robo contra los familiares de la víctima, identificada como G.L.F.C.
Los imputados, Tomás Peña Morel, Derlyn Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, Luis Ángel Vargas Brito, José Manuel Almonte Santana y Elián Martínez Sánchez, permanecerán en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de Santiago, mientras continúa la investigación del caso, que ha sido declarado como de tramitación compleja.
La Fiscalía de Santiago, representada por la fiscal litigante Martha González, presentó pruebas que fortalecieron la investigación, preparándose para formular una acusación formal contra el grupo criminal en un plazo razonable.
La Fiscalía reiteró al tribunal que todos los imputados desempeñaron un papel activo y determinante en la perpetración del crimen, respaldando así la ratificación de las medidas de coerción.
Antes de cometer el crimen, los imputados planearon seguir al padre del menor fallecido, Sergio Luis Féliz Mancebo, tras su llegada al país, con la intención de perseguirlo, asesinarlo y despojarlo de sus pertenencias.
La Fiscalía formuló cargos provisionales, conforme a los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 386-2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que abordan la asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, este último en grado de tentativa. Además, se imputa al grupo criminal la violación de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso del arma que provocó la muerte al menor.