Atlanta, Estados Unidos.- La delegación dominicana en la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, durante su participación, se refirió al Decreto No. 22-21 de fecha 13 de enero de 2021, mediante el cual el presidente de la República, Luis Abinader, declaró de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal, a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano.
En representación del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, leyó el informe la directora de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Claudia Álvarez Troncoso, quien resaltó que para lograr de manera oportuna, eficiente y efectiva el propósito señalado a través del Decreto, se instruyó a los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente, en las instituciones que administran y a notificar sus hallazgos al equipo de abogados contratado.
Álvarez ponderó que, como resultado de las labores efectuadas en el marco del referido mandato, se han interpuesto querellas penales con constitución en parte civil en todos los casos de corrupción administrativa impulsados por el Ministerio Público.
“Al efecto, hemos logrado sentencias de fondo donde se ha reconocido indemnizar al Estado por los daños sufridos, tanto materiales como morales”, agregó Álvarez Troncoso.
Reveló, además, que se ha logrado suscribir acuerdos transaccionales de restitución de recursos públicos que están permitiendo al Estado recibir estos valores o bienes para destinarlos e invertirlos a favor de los sectores más necesitados de la República Dominicana, además de dar seguimiento a decenas de casos de posibles actos de corrupción donde se ha identificado indicios de afectación al patrimonio público.
“En la ejecución de esta labor ha predominado él respecto al debido proceso, sobre todo, el respeto a los derechos de las personas involucradas, generar conciencia del interés colectivo de cuidar y proteger los bienes públicos, todo lo cual ha permitido una mayor efectividad y motivación a cooperar, haciendo importantes aportes sobre su participación y para el conocimiento de los hechos que afectan el patrimonio público”, ponderó la jurista.
Precisó que el Estado dominicano ha implementado otros mecanismos para detectar actos y esquemas de corrupción a través de la Contraloría General de la República, especialmente en la Unidad Antifraude y en la Unidad de Auditoría Interna, así como a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Destacó que, a pesar de los avances logrados hasta el momento ante los esquemas de corrupción administrativa, urge reiterar a los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la importancia que tiene incrementar los niveles de cooperación internacional para la lucha contra la corrupción efectiva y oportuna, sobre todo, en aspectos de adquisición de bienes, conformación de fondos de inversión, constitución de instrumentos jurídicos para simular la verdadera identidad de los beneficiarios finales, intercambio de informaciones, experiencias y mejores prácticas.