Moradores en la comunidad San Ignacio de Sabaneta, de la provincia Santiago Rodríguez, solicitaron al alcalde, Félix Alberto Marte Bueno, que cumpla con lo que establece la Ley 176-07 sobre el uso de las aceras, que son espacios públicos reservados para la movilidad urbana de los ciudadanos, no para puestos de ventas de empanadas, basuras ni vendedores, “porque imposibilita la movilidad de los transeúntes”.
Los residentes en la calle Doctor Darío Gómez, esquina 16 de agosto, reclamaron el traslado de puesto de venta de alimentos, que obstaculiza el paso peatonal.
En ocasiones, los ciudadanos se ven obligados a “tirarse a la calle” porque las aceras, por donde deben transitar las personas, son ocupadas, en determinados momentos, por hombres y mujeres con puestos de venta de diferentes productos.
Insisten en que los peatones se ven forzados a transitar por las calles por que las aceras están indebidamente ocupadas en contradicción a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Tránsito, Transporte, y Seguridad Vial.
Los munícipes dicen que llevan más de 50 años residiendo en el lugar, y denuncian que es la primera vez que se han visto afectados con la situación.
“En su mayoría personas de avanzada edad, que no pueden dormir ni conciliar el sueño, con el bullicio que genera a temprana hora el vendedor, arrastrando los ajuares y la cantidad de gente hablando, en el negocio ambulante de Galvin de los Santos”, precisaron.
También, se quejan de la insalubridad y el daño que ocasiona todo el aceite que se esparce en el ambiente, entrando a sus hogares.
Este negocio atenta contra el libre tránsito en las vías y viola el derecho de los peatones a transitar por las aceras y vivir en un ambiente sano y seguro.
Ante la situación que se viene dando, y en la que se han agotado recursos, hacen un llamado a las demás autoridades correspondientes (INTRANT) en condición de órgano regulador, así como a los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, como reguladores y fiscalizadores de las políticas medio ambiental e insalubridad, a prestar atención y coordinar acciones para buscar la solución a este problema que fue ejecutado de manera arbitraria e ilegal.