El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que la República Dominicana continúa consolidando su compromiso con la transparencia y la institucionalidad, logrando, en 2024, una puntuación de 36 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y ascendiendo al puesto 104 de 180 países evaluados.
Este resultado representa una mejora de 8 puntos y 33 posiciones desde 2020, reflejando el impacto positivo de las reformas implementadas en los últimos años.
Además, el informe destaca a la República Dominicana entre los siete países que más han mejorado en los últimos cinco años, junto con Costa de Marfil (45), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39). Este reconocimiento refuerza la trayectoria ascendente del país y su compromiso con el fortalecimiento institucional.
Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción de la República Dominicana:
• 2020: 28 puntos – Puesto 137
• 2021: 30 puntos – Puesto 128
• 2022: 32 puntos – Puesto 123
• 2023: 35 puntos – Puesto 108
• 2024: 36 puntos – Puesto 104
Este avance sostenido coloca a la República Dominicana entre los países latinoamericanos que han logrado mejorar su desempeño en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
En América Latina, la República Dominicana supera a países como México (31), El Salvador (31), Honduras (23) y Nicaragua (17), y se acerca a economías con mayores avances en transparencia, como Panamá (35), Argentina (37) y Colombia (40).
Asimismo, se posiciona significativamente mejor que regímenes autoritarios de la región, como Venezuela y Nicaragua, donde la interferencia política en la justicia ha profundizado la corrupción y la impunidad.
Según el Índice de Estado de Derecho, los países con sistemas judiciales débiles presentan mayores niveles de corrupción, ya que la falta de independencia institucional permite que los delitos queden impunes. En este contexto, la República Dominicana ha adoptado reformas clave para fortalecer la independencia del Ministerio Público, modernizar la gestión del sector público y aumentar los controles en la Administración estatal.
El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, destacó que la mejora sostenida del país en el IPC es el resultado de una política de Estado enfocada en la transparencia y la rendición de cuentas.
“Desde 2020, el Gobierno ha implementado medidas concretas para fortalecer la institucionalidad y combatir la impunidad. La independencia del Ministerio Público, la implementación de los Códigos de Integridad, la creación de la Unidad Antifraude y el Monitoreo Preventivo de Compras y Contrataciones Públicas han sido claves en este proceso”.
El fortalecimiento de la transparencia en la República Dominicana no solo ha mejorado la percepción sobre la corrupción, sino que también ha generado confianza en los inversionistas y organismos internacionales.
“Estos avances consolidan al país como un destino atractivo para la inversión extranjera. La transparencia y la institucionalidad son pilares fundamentales para el desarrollo económico y la competitividad», afirmó Figueroa.
Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido la importancia de estas reformas para garantizar estabilidad económica y fortalecer la gobernanza. La mejora en el IPC refuerza la reputación del país como una economía en crecimiento, con un entorno más seguro para las inversiones.
A pesar de los avances logrados, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar implementando reformas que fortalezcan el Estado de derecho y garanticen el buen uso de los recursos públicos.
“Estos resultados demuestran que la República Dominicana avanza en la dirección correcta. Seguiremos trabajando para consolidar instituciones sólidas y garantizar un futuro con mayor transparencia, justicia y oportunidades para todos”, concluyó Figueroa.
Con estos logros, la República Dominicana se posiciona como un referente en la región en materia de lucha contra la corrupción, demostrando que la implementación de políticas efectivas puede generar un impacto positivo y tangible en la percepción ciudadana y en el desarrollo del país.