Quito.- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por dos años los derechos de participación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, por considerar que incurrió en violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld.
La sentencia de primera instancia emitida por el juez Guillermo Ortega -que incluye una multa superior a 14.000 dólares- puede ser apelada ante el pleno del TCE.
Sommerfeld, a quien también la vicepresidenta había denunciado por violencia política de género, acudió ante el TCE al considerar que Abad realizó declaraciones que afectaron a su imagen y reputación en el país y a nivel internacional.
La reacción de Abad al fallo
La vicepresidenta Abad consideró este viernes que la suspensión de sus derechos de participación política es una «cortina de humo» ante otros problemas que afronta el país.
La política hizo un llamado a los ciudadanos para que «no se distraigan», pues «lo que está pasando con la vicepresidenta es la cortina de humo más grande» para que «se deje de preguntar lo verdaderamente importante en el país».
El fallo del TCE contra la vicepresidenta se suma a una multa de 8.500 dólares que ese mismo organismo ya le impuso por realizar campaña anticipada cuando se postulaba para alcaldesa de su natal Cuenca (sur).
Con anterioridad, el TCE había rechazado una denuncia de Abad contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa (con quien mantiene un enconado enfrentamiento), y contra la canciller, también por violencia política de género.
En una declaración pública ofrecida ante la Asamblea Nacional (Parlamento), Abad aseveró que no le sorprende ni le alarma la sentencia dictada -en su opinión- «sin pruebas» y con la finalidad de inhabilitarla para que Noboa no delegue en ella sus funciones cuando adelante su campaña electoral con miras a la segunda vuelta presidencial, en la que busca la reelección.
«El sentido final es que el ordenamiento constitucional de los ecuatorianos no se cumpla, es decir, claramente que él (Noboa) no va a pedir licencia», como ordena la ley electoral, afirmó Abad.
Un largo y denso enfrentamiento
El pulso que Noboa y Abad mantienen desde la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 -sin explicación pública- se ha agudizado y enredado entre demandas por violencia política de género, suspensión del cargo a Abad (decisión anulada luego por una jueza) y decretos presidenciales que el gobernante ha emitido para mantener alejada a quien le acompañó en la papeleta electoral.
Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, busca la reelección presidencial, hecho que se dirimirá en el balotaje previsto para el próximo 13 de abril, en el que se medirá con la candidata Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La normativa electoral indica que cualquier autoridad que busque presentarse a la reelección inmediata debe tomar licencia de su cargo durante todo el periodo de campaña electoral, algo que Noboa no hizo al «ausentarse» únicamente en días puntuales, mientras que en otros siguió ejerciendo de jefe de Estado.
Para el ministro de Gobierno, José De la Gasca, no era obligatorio que Noboa pida licencia, pues considera que no se configura como una reelección inmediata al no haber sido elegido en 2023 para un periodo completo, sino para culminar el mandato (2021-2025) que no completó el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).
El lío en Ecuador por una «vicepresidenta encargada»
La Constitución señala que la vicepresidenta debe sustituir al presidente en caso de ausencia, pero para ello Noboa nombró por decreto como «vicepresidenta encargada» a la secretaria de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia Cynthia Gellibert, en quien delegó por decreto las funciones presidenciales, algo que el TCE declaró inconstitucional.
Noboa designó a Gellibert al considerar que Abad había incurrido en ausencia temporal al no haberse presentado en la embajada de Turquía hasta el 27 de diciembre pasado, donde la había designado como consejera temporal.
En sus decretos Noboa argumentó que cualquiera que ejerza la Vicepresidencia puede recibir temporalmente la jefatura del Estado, y no necesariamente la persona que se eligió por votación popular para desempeñar ese rol.
EFE