Santo Domingo.- Una carta enviada el 17 de mayo de 2023 a las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) advirtió al entonces director, Hugo Beras, sobre la necesidad de mantener bajo control del Estado la plataforma de semáforos del Gran Santo Domingo.
El documento, firmado por el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, subrayaba que el manejo de dicha plataforma era de «alta sensibilidad» para la seguridad nacional y debía ser custodiada únicamente por el Estado dominicano.
La misiva alertaba sobre el riesgo de que accesos no controlados a la infraestructura de semáforos pudieran comprometer la seguridad vial y el orden público en una de las ciudades más importantes del país. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, Beras siguió adelante con un acuerdo firmado con la empresa Transcore Latam S.R.L., lo que permitió que la gestión de la red semafórica quedara en manos de una entidad privada. Según el Ministerio Público, además de ignorar las advertencias, se le imputa a Beras la realización de un contrato fraudulento para la modernización del sistema.
El caso se agrava por otras advertencias desatendidas. El vicepresidente senior de la compañía Transcore, Michael R. Mauritz, denunció que Transcore Latam se había apropiado indebidamente de información técnica que fue presentada como propia en el proceso de licitación. En una declaración jurada, Mauritz negó tener cualquier vínculo con Transcore Latam, señalando que nunca había estado en el país y calificando como falsos los documentos presentados por la compañía.
El 7 de junio de 2023, una nueva denuncia fue presentada por Ricardo Echandi, representante de la empresa Sistemas Integrados de Control S.A. (Sictranscore Latinoamérica), acusando a Transcore Latam de uso no autorizado de información técnica. Según la denuncia, Transcore Latam habría usado indebidamente las credenciales técnicas de Sictranscore para participar en el concurso.
El contrato, que tenía una duración de cinco años, fue firmado el 19 de junio de 2023 entre Beras, en representación del Intrant, y Pedro Vinicio Padovani, en nombre de Transcore Latam. Este contrato incluía cláusulas adicionales que, según las investigaciones, favorecían a Transcore Latam, como pagos por el uso del software «ClaudiA».
Además, se detectaron irregularidades en la instalación de equipos en 305 intersecciones de semáforos, donde el 90% de los componentes instalados no coincidían con los presentados en la prueba de concepto. Entre las discrepancias, se identificaron equipos bajo nombres falsos, como el caso del TC Sierra Wireless Airlink, presentado como Microtik Cloud Switch.
Finalmente, una visita en marzo de 2024 a la sede de Transcore Latam S.R.L. reveló que no se pudo obtener la topología de red solicitada, lo que incrementó las sospechas sobre la transparencia del proyecto.