El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) cerca de cincuenta expedientes vinculados a la estafa inmobiliaria millonaria, cuya red fue desmantelada mediante la Operación Guepardo, y que en día de hoy se le conoce la medida de coerción a los implicados.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que estos expedientes, que remitió a la PGR para ser enviados a la Fiscalía de La Romana, fueron instrumentados tras la institución recibir denuncias y reclamaciones de personas estafadas por esta estructura criminal, de la que formaban parte las compañías Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One, las cuales publicaban propiedades por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados de República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa.
Asimismo, Alcántara aseguró que Pro Consumidor tomó esta medida debido a la existencia de una instancia jurisdiccional que ha iniciado un proceso penal ante los tribunales de la República.
“Los casos abarcan un período determinado y, de ellos, varios ya han recibido resoluciones”, indicó el funcionario.
Dijo que, en total, Pro Consumidor ha instrumentado 46 expedientes relacionados con esta estafa inmobiliaria, los cuales, indicó, fueron enviados a la Procuraduría en el día de ayer.
De acuerdo al expediente del órgano persecutor, las investigaciones revelan que las víctimas fueron engañadas con falsos proyectos inmobiliarios promocionados por las mencionadas empresas.
El titular de la entidad manifestó que Pro Consumidor continúa colaborando con las autoridades para asegurar que se haga justicia y se protejan los derechos de todas las víctimas involucradas.
En la medida de coerción, que conocerá un juez de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y que se declare complejo el proceso por presunta asociación de malhechores por cometer estafas en perjuicio de decenas de personas, así como de violar la ley de alta tecnología y la de lavado de activos.
Muchas de las víctimas de esta estafa millonaria para adquirir apartamentos en proyectos promocionados a través de las redes sociales residen, además de República Dominicana, en Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa.