El ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido este viernes en la ciudad de Maceió cuando se disponía a viajar a Brasilia para entregarse a las autoridades, después de que un juez del Supremo ordenara su captura “inmediata” para cumplir una condena por corrupción, informó su defensa.
Collor (1990-1992) fue condenado por el máximo tribunal a una pena de ocho años y diez meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero aguardaba en libertad el fallo del último de sus recursos.
El magistrado del Supremo Alexandre de Moraes tomó la decisión alegando que el recurso presentado por los abogados de Collor solo tratan de dilatar el proceso para evitar su conclusión.
“La manifiesta inadmisibilidad de los embargos, según la jurisprudencia de la Corte, revela el carácter meramente dilatorio de los infractores, autorizando la certificación de la cosa juzgada y el cumplimiento inmediato de la condena”, reza la resolución recogida por Agencia Brasil.
De Moraes ha solicitado asimismo al presidente del Supremo, el juez Luís Roberto Barroso, que convoque una audiencia para avalar su decisión, un evento que tendrá lugar este viernes, 25 de abril.
La defensa de Collor señaló en un comunicado que ha recibido la noticia con “sorpresa y preocupación” y ha asegurado que el ex presidente se apersonaría para cumplir la condena. Finalmente, antes de que eso ocurra, fue arrestado.
“La defensa del ex presidente de la República Fernando Collor de Mello recibe con sorpresa y preocupación la decisión dictada hoy por el ministro Alexandre de Moraes, quien rechazó, de forma monocrática, el recurso de infracciones admisible presentado ante la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, (…) y ordenó la prisión inmediata del ex presidente”, declaró.
El Supremo condenó en 2023 a Collor a ocho años y diez meses de cárcel por sobornos en un esquema de corrupción en BR Distribuidora, filial de Petrobras.
Según la sentencia, de 2010 a 2014, Collor influyó en los mandos directorios de la compañía, lo que llevó a la firma de contratos entre la estatal y la constructora UTC.
La Fiscalía sostiene que el acusado, a cambio, recibió 20 millones de reales brasileños (3,7 millones de euros).