Santo Domingo.- El licenciado Bunel Ramírez Merán, abogado del Partido Humanista Dominicano (PHD) y especialista en derecho contencioso electoral, denunció que la impugnación sometida contra la organización responde a una maniobra deliberada encabezada por el expresidente del partido, Eléxido Paula, y el secretario de Organización, Julián Burgos Bonilla, cuyo propósito real es impedir la celebración de la convención interna ante la certeza de que se encuentran en una evidente minoría que no cuenta con el respaldo de las bases ni de los organismos estatutarios.
Durante una rueda de prensa celebrada en la sede nacional del PHD, Ramírez Merán explicó que, al carecer de los votos y la representatividad necesaria para competir democráticamente, este sector ha recurrido al litigio como un mecanismo de boicot procesal.
Las declaraciones se produjeron con motivo de la audiencia fijada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para el próximo 19 de octubre de 2026, en la que se ventilará la demanda que busca anular resoluciones válidamente adoptadas por los órganos legítimos de la institución política.
El jurista precisó que, para montar dicha acción y aparentar un falso respaldo interno, los promotores recurrieron a la usurpación de calidades de personas con afiliaciones múltiples e irregulares.
De acuerdo con el cruce oficial de registros partidarios realizado por la Junta Central Electoral (JCE), de los 266 supuestos impugnantes que figuran en el expediente, únicamente 11 ostentan afiliación exclusiva al PHD, mientras que los restantes 255 figuran formalmente registrados en otras organizaciones políticas.
Garantía del derecho al voto: Al respecto, Ramírez Merán aclaró de manera enfática que esos 11 miembros con afiliación exclusiva tienen pleno derecho a participar en la convención partidaria, y que, en estricto apego a las garantías democráticas, el actual presidente del PHD, Ramón Emilio Goris Taveras, realizó personalmente las gestiones correspondientes ante la JCE a los fines de asegurar que puedan ejercer su derecho al voto, aun cuando no hubiesen participado en el proceso de verificación del padrón llevado a cabo por mandato del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con la participación de delegados de los diferentes candidatos a la presidencia y la veeduría de miembros la Comisión Nacional Electoral (CNE) del PHD.
En contraste, recordó que el reglamento de la JCE en materia de afiliaciones y desafiliaciones contempla la inactividad por duplicidad de inscripción y los mecanismos para resolverla, lo que despoja de legitimación a los demás demandantes que pretenden reclamar derechos internos en la entidad política.
A la falta de representatividad orgánica se suma la gravedad de los medios empleados. Ramírez Merán denunció que entre los documentos depositados para justificar la demanda figuran poderes de representación con firmas cuya autenticidad ha sido repudiada y desconocida por los propios ciudadanos a quienes se les atribuyen.
Por tales razones, exigió que la jurisdicción electoral esclarezca estas irregularidades y verifique minuciosamente la existencia de un consentimiento genuino y libre para ejercer la representación procesal.
El profesional del derecho señaló de forma directa a Eléxido Paula, a Julián Burgos Bonilla y a la secretaria de Actas y Correspondencias, Mayra Méndez, como los articuladores de esta estrategia que busca secuestrar la voluntad colectiva del partido e imponer por sentencia judicial lo que no pueden lograr mediante el sufragio de los afiliados.
Aclaró que este señalamiento sobre la conducción y dirección de las acciones litigiosas no supone atribuirles directamente la autoría material de las firmas cuestionadas, pero sí la responsabilidad de promover una acción carente de sustento democrático.
Ante este escenario, Ramírez Merán hizo un llamado respetuoso y enérgico al Tribunal Superior Electoral para que sopese con rigor la calidad jurídica de los impugnantes, la validez sustantiva de sus poderes y el trasfondo de una demanda que procura asfixiar los procesos internos del partido.
Subrayó que los tribunales de la República no pueden ser instrumentalizados por sectores minoritarios para desplazar a las autoridades legítimas o frustrar el libre ejercicio del derecho de reunión y elección de los partidos.
Finalmente, el representante legal del PHD alertó al sistema de partidos sobre el riesgo de que estas prácticas de judicialización obstructiva se repliquen en otras organizaciones, exhortándolos a blindar sus padrones, notificar las duplicidades a la JCE y resguardar su soberanía orgánica. Reafirmó la confianza del PHD en la probidad del TSE y solicitó un fallo garantista que tutele la seguridad jurídica, el debido proceso y la autonomía de las formaciones políticas frente a intentos de entorpecimiento procesal.