La ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, depositó una querella penal contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como «La Torita», por alegada difamación e injuria, en la que reclama una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios causados a su honor, imagen y estabilidad emocional.
La querella, sometida a través del abogado Miguel E. Valerio, se fundamenta en la supuesta divulgación reiterada de expresiones ultrajantes, acusaciones falsas de vínculos con el narcotráfico, y amenazas públicas de difundir un video íntimo de la funcionaria.
Según el documento, estas declaraciones habrían sido realizadas en televisión, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales.
Entre las piezas probatorias figuran cuatro enlaces a videos publicados en Instagram y YouTube, donde supuestamente se recogen las declaraciones de Jorge.
El documento establece que estas expresiones afectan la dignidad de Raful y constituyen delitos tipificados por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en sus artículos 21 y 22.
En el escrito, el equipo legal de Raful afirma que las afirmaciones de Jorge fueron emitidas «sin muestra del más mínimo remordimiento o arrepentimiento» y que su conducta fue persistente, pública y deliberada.
También, se señala que dichas imputaciones no son meras opiniones sino acusaciones concretas y graves que atentan contra su integridad moral y reputación profesional.
El petitorio de la querella incluye la solicitud de declarar admisible la acción penal, iniciar la investigación correspondiente, y presentar acusación formal contra Jorge, además del pago de la indemnización millonaria.
El documento concluye reservando el derecho de la querellante a presentar nuevas pruebas o cargos adicionales durante la fase preparatoria del proceso.