El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del próximo 9 de junio tendrán prohibida la entrada al país los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, aumentará las restricciones para que puedan ingresar a Estados Unidos los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Según informó la Casa Blanca, la medida se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025 bajo el título “Protegiendo a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca citó a Donald Trump: “Restauraremos la prohibición de viaje, algunos la llaman la prohibición de viaje de Trump, y mantendremos fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales, como lo ratificó la Corte Suprema”. Durante su primer mandato, Trump implementó una medida similar que fue validada por el máximo tribunal, el cual reconoció que la restricción “se basa expresamente en propósitos legítimos”.
“El reciente ataque terrorista en Boulder (Colorado) ha subrayado los peligros extremos que supone para nuestro país la entrada de extranjeros que no son debidamente investigados”, dijo Trump en un mensaje de vídeo.
Durante su primer mandato, Trump emitió en enero de 2017 una orden ejecutiva que prohibía viajar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
La Casa Blanca detalló que la Proclamación contempla excepciones para residentes legales permanentes, titulares de visados vigentes, ciertas categorías de visados y personas cuya entrada responda a intereses nacionales de Estados Unidos.
La administración Trump sostiene que la protección de la población estadounidense exige medidas que impidan el ingreso de personas que puedan representar una amenaza.
La Proclamación se apoya en el precedente legal establecido por el caso Trump v. Hawaii, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la autoridad presidencial para restringir el ingreso de extranjeros en virtud de la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El tribunal determinó que tales restricciones “entran plenamente en el ámbito de la autoridad presidencial” y que su fundamento responde a “propósitos legítimos”.
En la justificación país por país, la Casa Blanca expuso que Afganistán carece de una autoridad central competente para emitir pasaportes o documentos civiles y no dispone de mecanismos adecuados de control y verificación. El informe de permanencia irregular correspondiente al año fiscal 2023 indica que el 9,70% de los titulares de visados de negocios o turismo (B1/B2) y el 29,30% de los estudiantes, visitantes de intercambio y formación profesional (F, M, J) de Afganistán permanecieron en Estados Unidos más allá del periodo autorizado.
En el caso de Birmania, el informe señala una tasa de permanencia irregular del 27,07% en visados B1/B2 y del 42,17% en F, M y J. Además, el país no ha colaborado históricamente en la repatriación de sus nacionales sujetos a deportación. Chad presenta una tasa de permanencia irregular del 49,54% en B1/B2 y del 55,64% en F, M y J para 2023, mientras que en 2022 la cifra fue del 37,12% en B1/B2, lo que, según la Casa Blanca, evidencia un desinterés por las leyes migratorias estadounidenses.
La República del Congo muestra tasas del 29,63% en B1/B2 y del 35,14% en F, M y J. Guinea Ecuatorial alcanza el 21,98% en B1/B2 y el 70,18% en F, M y J. En Eritrea, la falta de acceso a antecedentes penales y la negativa a aceptar la repatriación de nacionales se suman a tasas del 20,09% en B1/B2 y del 55,43% en F, M y J.
Haití registra un 31,38% de permanencia irregular en B1/B2 y un 25,05% en F, M y J. La Casa Blanca subrayó que durante la administración de Joe Biden cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente al país, lo que, según el gobierno de Trump, incrementó los riesgos de redes criminales y amenazas a la seguridad nacional. Además, se señala la ausencia de una autoridad central capaz de proporcionar información policial suficiente para garantizar que los nacionales haitianos no representen un peligro.
Irán figura como patrocinador estatal del terrorismo y, según la Casa Blanca, no coopera en la identificación de riesgos de seguridad ni en la repatriación de nacionales sujetos a deportación. Libia carece de una autoridad central competente y la presencia histórica de grupos terroristas en su territorio agrava los riesgos asociados a la entrada de sus ciudadanos.
En el caso de Somalia, la administración Trump argumenta que el gobierno no controla efectivamente su territorio ni dispone de mecanismos adecuados de verificación. Somalia ha sido identificada como refugio de grupos terroristas que planifican y ejecutan operaciones desde su territorio, y el país tampoco ha aceptado la repatriación de sus nacionales.
Sudán y Yemen también carecen de autoridades centrales competentes y de sistemas de control efectivos. En Sudán, las tasas de permanencia irregular alcanzan el 26,30% en B1/B2 y el 28,40% en F, M y J. Yemen, además, no ejerce control físico sobre su territorio y desde el 20 de enero de 2025 es escenario de operaciones militares estadounidenses.
Respecto a los países sujetos a restricciones parciales, la Casa Blanca detalló que Burundi presenta tasas del 15,35% en B1/B2 y del 17,52% en F, M y J. Cuba, identificada como patrocinador estatal del terrorismo, no comparte información policial suficiente y se ha negado a aceptar la repatriación de sus nacionales; sus tasas de permanencia irregular son del 7,69% en B1/B2 y del 18,75% en F, M y J.
Laos muestra un 34,77% en B1/B2 y un 6,49% en F, M y J, y tampoco ha colaborado en la repatriación de nacionales. Sierra Leona tiene tasas del 15,43% en B1/B2 y del 35,83% en F, M y J, y ha fallado en aceptar la devolución de sus ciudadanos. Togo presenta un 19,03% en B1/B2 y un 35,05% en F, M y J. Turkmenistán registra un 15,35% en B1/B2 y un 21,74% en F, M y J. Venezuela carece de una autoridad central competente y de mecanismos de control adecuados, y ha rechazado la repatriación de nacionales; su tasa de permanencia irregular en B1/B2 es del 9,83%.
La Casa Blanca argumentó que la selección de países y la severidad de las restricciones responden a las circunstancias particulares de cada nación, con el objetivo de incentivar la cooperación y mejorar los sistemas de control y verificación. En algunos casos, la presencia significativa de grupos terroristas o el patrocinio estatal del terrorismo constituyen factores de riesgo directo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La nueva Proclamación amplía y actualiza la política de la administración anterior, incorporando una evaluación de los riesgos actuales en materia de control, verificación y amenazas a la seguridad. Según consignó la Casa Blanca, la medida busca garantizar que quienes soliciten ingresar a Estados Unidos no representen un peligro para la población, y responde a la obligación presidencial de proteger los intereses nacionales y la seguridad pública.
El gobierno estadounidense sostiene que la falta de cooperación de algunos países en la verificación de identidad, el intercambio de información sobre amenazas y la aceptación de nacionales sujetos a deportación dificulta la gestión migratoria y la protección de la seguridad interna. Además, la presencia de organizaciones terroristas o el patrocinio estatal del terrorismo en ciertos países refuerza la necesidad de restricciones específicas.
La Proclamación, según reportó la Casa Blanca, se presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad fronteriza, promover la cooperación internacional y asegurar que los sistemas de control migratorio sean efectivos frente a los desafíos actuales. Las restricciones se mantendrán hasta que los países afectados demuestren mejoras sustanciales en sus procesos de verificación y cooperación con las autoridades estadounidenses.