El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) respaldó el Decreto 517-25, emitido por el Poder Ejecutivo, al considerarlo un mecanismo urgente y necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional en un contexto de creciente demanda y riesgos de desabastecimiento.
La disposición presidencial, que declara de emergencia nacional la adquisición de bienes, servicios y obras para ampliar la capacidad de generación, almacenamiento y distribución de energía, se fundamenta en hechos como el aumento histórico de la demanda eléctrica –que en 2025 superó los 3,850 megavatios–, los efectos del cambio climático en la región y los retrasos en proyectos de rehabilitación y expansión de redes.
El CUED aclaró que el objetivo del decreto no es obviar los requisitos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, sino agilizar los procesos administrativos con el fin de ejecutar en menor tiempo las inversiones necesarias que garanticen un servicio eléctrico más eficiente y confiable.
El organismo aseguró que todos los procesos derivados del decreto se ejecutarán bajo estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Señaló que las contrataciones se realizarán a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, con trazabilidad completa y la obligación de presentar informes periódicos a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. La declaratoria tendrá una vigencia de doce meses, salvo que sea prorrogada mediante nuevo decreto presidencial.
El CUED recordó además que desde 2024 fortaleció los departamentos de auditoría interna, y que todos los procesos de compras y contrataciones están bajo el escrutinio directo de la Contraloría General de la República, que mantiene auditores permanentes en cada una de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. “La supervisión constante es una garantía de que cada decisión y cada contrato estarán sujetos a control riguroso”, puntualizó la entidad.
Finalmente, CUED hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los sectores productivos a acompañar con su vigilancia este esfuerzo, convencido de que la transparencia y la participación social son elementos indispensables para reforzar la confianza en que cada peso invertido en esta declaratoria de emergencia contribuirá a proteger la calidad de vida de la población y a sostener el desarrollo económico del país.