Santo Domingo.- El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables (ODHGV) expresó su preocupación por la cantidad de personas fallecidas durante intervenciones de la Policía Nacional en lo que va de 2026 y advirtió que la lucha contra la delincuencia, por legítima y necesaria que sea, debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
El director del ODHGV, Manuel Meccariello, sostuvo que enfrentar la delincuencia con firmeza no puede significar renunciar al debido proceso y reclamó que las muertes ocurridas durante intervenciones policiales sean investigadas de manera rigurosa, independiente y transparente.
De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio hasta septiembre de 2026, al menos 180 personas habían fallecido durante intervenciones policiales o en hechos reportados como supuestos intercambios de disparos hasta el 21 de septiembre. Se trata de cifras preliminares que, según la organización, reflejan una situación que merece especial atención y seguimiento por parte de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos fundamentales.
La situación resulta particularmente preocupante durante septiembre. Hasta el 28 de septiembre se contabilizaban 39 personas fallecidas durante ese mes en hechos vinculados a intervenciones policiales, una cifra que, a juicio del Observatorio, refuerza la necesidad de que cada caso sea investigado rigurosamente para determinar las circunstancias en las que se produjo el uso de la fuerza letal.
El ODHGV considera que estas cifras justifican una revisión individual de cada caso, sin prejuzgar las circunstancias particulares de las intervenciones ni desconocer que los agentes policiales pueden enfrentar situaciones en las que exista una amenaza real e inminente contra sus vidas o las de terceros.
“La Policía debe apresar; los tribunales deben juzgar”
El director del ODHGV sostuvo que combatir la delincuencia con firmeza es perfectamente compatible con el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso.
“Queremos una Policía fuerte, preparada y capaz de enfrentar la criminalidad. Queremos que quien robe, mate, secuestre, trafique drogas o aterrorice a una comunidad sea perseguido, apresado y sometido a la justicia. Pero una cosa es combatir firmemente la delincuencia y otra muy distinta es normalizar que la muerte sustituya el proceso judicial”, manifestó.
La Constitución dominicana protege el derecho a la vida y establece garantías fundamentales relacionadas con la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Estas garantías constituyen límites al ejercicio del poder público y deben ser respetadas incluso cuando el Estado actúa frente a personas señaladas o perseguidas por la comisión de delitos.
“Una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Tener antecedentes penales tampoco convierte a una persona en alguien desprovisto de derechos. Incluso quien sea señalado por los delitos más graves debe ser apresado, investigado, acusado y, cuando las pruebas establezcan su responsabilidad, condenado por un tribunal”, afirmó.
Que caiga todo el peso de la ley, pero a través de la justicia
El Observatorio recordó que República Dominicana cuenta con un nuevo marco penal que contempla sanciones severas para quienes cometen infracciones graves.
El nuevo Código Penal establece penas que pueden alcanzar hasta 40 años de prisión para determinadas infracciones muy graves y contempla, bajo las reglas correspondientes al concurso de infracciones, una acumulación que puede alcanzar hasta 60 años de prisión.
Para el ODHGV, este fortalecimiento de las sanciones penales demuestra que existen mecanismos institucionales para enfrentar con severidad a quienes cometen delitos.
“Si hemos fortalecido nuestro Código Penal y aumentado las consecuencias para quienes cometen delitos graves, entonces debemos fortalecer también la capacidad del Estado para capturarlos, investigarlos, someterlos y conseguir condenas. Que les caiga todo el peso de la ley, sí; pero el peso de la ley, no el peso de una bala fuera de los casos en que el uso de la fuerza letal esté legalmente justificado para proteger una vida”, expresó.
“La seguridad ciudadana no puede convertirse en un ejercicio de populismo”
El ODHGV llamó además a evitar que el debate sobre la delincuencia sea conducido por posiciones populistas que puedan presentar las muertes de personas señaladas como delincuentes como una demostración automática de eficiencia o autoridad.
“La seguridad ciudadana es demasiado seria, compleja y delicada para convertirla en un ejercicio de populismo. Un Estado no demuestra mayor autoridad porque acumule más muertos. Demuestra autoridad cuando logra detener a una persona peligrosa, reunir las pruebas, proteger a las víctimas y conseguir que los tribunales impongan las sanciones correspondientes”, señaló.
El Observatorio considera especialmente peligroso que pueda instalarse socialmente la percepción de que toda persona señalada como delincuente debe morir durante su persecución o captura.
“No podemos regresar a una lógica de ‘vivo o muerto’, como si estuviéramos en el viejo oeste. República Dominicana tiene una Constitución, Ministerio Público, tribunales, Código Procesal Penal y un nuevo Código Penal. La Policía forma parte del sistema de seguridad y justicia, pero no sustituye a los fiscales ni a los jueces”, afirmó.
Ante la cantidad de muertes registradas, el director del ODHGV considera legítimo y necesario que la sociedad pregunte por las circunstancias particulares en las que se produjo cada fallecimiento.
“Cuando vemos una sucesión tan acelerada de muertes, debemos preguntarnos, responsablemente y sin acusar anticipadamente a nadie: ¿todos esos casos fueron realmente intercambios de disparos en los que resultaba inevitable el uso de la fuerza letal? Hacer esa pregunta no significa atacar a la Policía. Significa exigir transparencia y rendición de cuentas en un Estado democrático”, manifestó.
El Observatorio entiende que cada hecho debe analizarse individualmente. Si un agente actuó ante una amenaza real e inminente contra su vida o la de terceros, esa circunstancia deberá quedar establecida mediante la investigación correspondiente.
De la misma manera, cuando existan dudas, contradicciones, testimonios, videos u otras evidencias que cuestionen la versión inicial de un hecho, estas deben ser investigadas.
El director del ODHGV advirtió además sobre el peligro de que, en medio de operativos dirigidos contra personas vinculadas a hechos delictivos graves, puedan terminar afectadas personas cuya responsabilidad no haya sido establecida o que no representaban una amenaza que justificara el uso de fuerza letal.
“Hay un viejo dicho dominicano que advierte que junto con los cimarrones pueden irse los mansos. Eso es precisamente lo que un Estado de derecho tiene que impedir. No podemos permitir que, en el esfuerzo legítimo de perseguir a quienes delinquen, terminemos colocando bajo la misma categoría a todo el que aparezca señalado, acompañado o relacionado con una investigación”, sostuvo.
Para el Observatorio, precisamente para evitar errores, abusos o excesos existen el debido proceso, el Ministerio Público, las investigaciones criminales y los tribunales.
“La culpabilidad no puede establecerse en la calle. Se establece ante la justicia y mediante pruebas. Ese principio protege a todos, fortalece a las propias instituciones y evita que una actuación policial legítima sea confundida con una ejecución extrajudicial”, indicó.
El ODHGV enfatizó que reclamar respeto a los derechos humanos no significa justificar la delincuencia, defender criminales ni promover impunidad.
“Tenemos que romper con la falsa idea de que quien exige debido proceso está defendiendo delincuentes. No. Si una persona asesinó, secuestró, violó, traficó drogas o cometió cualquier otro delito grave, queremos que sea apresada y que reciba todo el peso de la ley. Lo que no podemos aceptar es sustituir una sentencia judicial por una muerte”, expresó.
El Observatorio sostuvo que la población dominicana tiene derecho a exigir seguridad y que las víctimas de la delincuencia también tienen derecho a obtener justicia, reparación y respuestas efectivas del Estado.
“Los derechos humanos no pertenecen únicamente al acusado. También pertenecen a las víctimas, a los policías, a sus familias y a toda la sociedad. Precisamente por eso necesitamos instituciones fuertes que actúen dentro de la ley.”
El ODHGV considera necesario que cada muerte ocurrida durante una intervención policial sea investigada de manera exhaustiva e independiente, particularmente cuando existan elementos que generen dudas razonables sobre las circunstancias en las que ocurrió.
Estas investigaciones deben incluir la preservación adecuada de la escena, peritajes balísticos y forenses, levantamiento de testimonios, revisión del material audiovisual disponible y participación efectiva del Ministerio Público.
Para el Observatorio, investigar rigurosamente estos casos no debe interpretarse como una acción contra la Policía Nacional.
“Una Policía profesional también necesita mecanismos de rendición de cuentas. Cuando una investigación demuestra que un agente utilizó legítimamente la fuerza para proteger su vida o la de otra persona, esa investigación también lo protege. Y cuando demuestra que existió un exceso, corresponde aplicar la ley. Eso es institucionalidad”, manifestó.
El ODHGV reconoció la responsabilidad de las autoridades de enfrentar la delincuencia, recuperar espacios afectados por actividades criminales y garantizar que las personas puedan vivir y desarrollar sus actividades con seguridad.
Sin embargo, sostuvo que seguridad ciudadana y derechos humanos no son conceptos opuestos.
“No queremos un país dominado por delincuentes, pero tampoco podemos construir seguridad debilitando las reglas que diferencian a un Estado de derecho de la violencia que precisamente queremos combatir.”
Finalmente, el director del Observatorio hizo un llamado a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las demás instituciones competentes para fortalecer los protocolos sobre el uso de la fuerza, garantizar investigaciones transparentes de las muertes ocurridas durante operativos y priorizar la captura y judicialización de las personas perseguidas.
“La Policía debe perseguir y apresar. El Ministerio Público debe investigar y acusar. Los tribunales deben juzgar y condenar cuando existan pruebas. Cada institución tiene una función dentro del Estado de derecho.”
“Combatamos la delincuencia con toda la firmeza necesaria. Persigamos a quienes cometen delitos, apresémoslos y hagamos que enfrenten las nuevas y severas penas establecidas por nuestra legislación. Pero hagámoslo respetando el debido proceso. La lucha contra el crimen no puede convertirse en una licencia para matar ni en un instrumento de populismo.”
“La verdadera fortaleza de un Estado no se mide por la cantidad de personas que mata, sino por su capacidad de someter incluso al delincuente más peligroso al imperio de la ley. Que caiga todo el peso de la ley sobre quien delinque, pero que sea la justicia la que dicte la sentencia.”