Santo Domingo, RD.- La Coalición de Organizaciones Sociales Podemos condena las ejecuciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y pide interpelar al jefe de la institución, por considerar grave la gran cantidad de muertes por esa vía en contra de supuestos criminales.
Igualmente, deplora la violación sistemática de múltiples disposiciones de la Constitución de la República y de normas internacionales de las que el país es signatario, entre ellas el artículo 37, que consagra el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
“El artículo 38 plantea la obligatoriedad del Estado de respetar y proteger la vida; el 42 establece el derecho a la integridad personal y prohíbe las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que el 69 garantiza el debido proceso, presume la inocencia, el derecho a la defensa y a ser juzgado por un tribunal competente”, explica en un comunicado el organismo que encabeza Silvia Soto.
En tanto, resalta que el artículo 255 reviste especial importancia, ya que establece que la misión de la Policía Nacional es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como garantizar el libre ejercicio de sus derechos.
“En cuanto a los tratados internacionales, las ejecuciones de la Policía Nacional violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual establece en su artículo 4 la obligatoriedad del derecho a la vida; en el 5, la obligatoriedad del respeto a la integridad personal; en el 8, la obligatoriedad del respeto a las garantías judiciales, y en el 25, la obligatoriedad de la protección judicial”, señaló la Coalición Podemos.
También criticó que son violentados los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990).
La organización expresó que, desde el 2024 hasta el 2025, han perdido la vida alrededor de 5,000 personas (jóvenes entre 18 y 30 años), más del 80 %, en supuestos intercambios de disparos, citando por ejemplo que en el año 2004 fueron ejecutadas 360; en el 2005: 437; en el 2006: 295; en el 2007: 345; en el 2008: 455; en el 2009: 346; en el 2010: 260; en el 2011: 289; en el 2012: 236; en el 2013: 169; en el 2014: 209; en el 2015: 193; en el 2016: 168; en el 2017: 140; en el 2018: 162; en el 2019: 103; en el 2020: 80; en el 2021: 77; en el 2022: 139; en el 2023: 178; en el 2024: 227 y en el 2025: 187.
La organización dice estar consciente de la desesperación y el desasosiego que provoca en la ciudadanía el alto nivel de inseguridad existente y percibida en el país, y de que también la ciudadanía tiene derecho a que sus vidas y patrimonios sean garantizados.
Sin embargo, considera que ejecutar a los supuestos delincuentes, más del 90 % entre 18 y 30 años, es como pretender secar el piso con una llave abierta, pues estos son solo actores de un sistema roto, caracterizado por la pobreza y las limitaciones, la falta de una estructura familiar que les inculque valores, les supervise y les vigile.
Una Policía corrupta, que se asocia con ellos y los utiliza para beneficiarse del mismo sistema criminal que se supone que deben combatir, y cuando ya estos supuestos criminales no les sirven o amenazan su impunidad, los ejecuta; y, por último, fiscales corruptos que se encargan de garantizar su impunidad.
Señalan que todo esto nos habla de un sistema roto, que hay que recomponer pieza por pieza, creando más oportunidades para los jóvenes, promoviendo la responsabilidad familiar y los valores, y combatiendo la corrupción existente dentro de la Policía Nacional y la Fiscalía.
Finalmente, destacó la importancia de no permitir que se continúen enfrentando problemas sociales o anomalías en el sistema, debilitando el sistema democrático, porque terminaremos siendo víctimas de la teoría de la “ventana rota”, que se produce cuando una sociedad tolera o permite la ocurrencia de determinados hechos o situaciones anómalas, como es el caso de tratar de frenar la delincuencia mediante ejecuciones extrajudiciales, acción que cuenta con el apoyo de aparentemente la mayoría de la población, pero se corre el riesgo de que por esa misma rotura se continúe tolerando cada vez más distorsiones que, al final, pueden atentar contra la estabilidad social.