Santo Domingo. El exfiscal y abogado penalista Juan Alberto Liranzo Pérez aseguró que resulta extemporáneo abrir un debate sobre la variación de la calificación jurídica en el proceso que se sigue contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, imputados por el colapso del centro de diversión Jet Set, cuya negligencia estructural dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos.
Liranzo Pérez explicó que el momento procesal oportuno para plantear o discutir una variación de la calificación jurídica es, en principio, mediante el acto conclusivo que presentará el Ministerio Público, una vez finalice su investigación, y en la audiencia preliminar, donde se examina la acusación y se decide si el caso pasa o no a juicio.
Agregó que, de manera excepcional, el Código Procesal Penal, en su artículo 330, prevé la posibilidad de que la calificación jurídica pueda ser modificada durante el juicio de fondo, si surgen elementos que lo justifiquen y así lo soliciten las partes o lo disponga el juez de oficio.
“El Ministerio Público aún está en fase inicial de investigación; el plazo para investigar inicia una vez impuesta la medida de coerción y concluirá con el acto conclusivo, donde se establecerá la acusación definitiva. Sin embargo, existe un daño social innegable que debe ser resarcido”, precisó mediante un comunicado de prensa.
Respecto a la hipótesis penal, el exfiscal sostuvo que la calificación de homicidio involuntario es la correcta y procedente, según el Código Penal y las pruebas reunidas hasta la fecha. Subrayó que para sustentar un cambio a homicidio voluntario debería existir algún elemento material que demuestre la aparición del dolo o la voluntad deliberada, lo que hasta el momento no se ha identificado en los hechos investigados.
Sobre las implicaciones de una eventual modificación de la calificación, puntualizó que esta podría aumentar las indemnizaciones civiles en favor de las víctimas, pero advirtió que forzar un cambio sin soporte probatorio pondría en riesgo la coherencia de la estrategia legal y podría ralentizar el proceso.
Liranzo Pérez exhortó a los abogados querellantes a mantener la coherencia entre la imputación del Ministerio Público y la postura de la parte civil, pues esto fortalece la solicitud de medida de coerción y garantiza la agilidad del proceso penal.
Finalmente, advirtió que la alarmante pena máxima para el homicidio involuntario, de apenas dos años de prisión, pone de manifiesto la urgencia de una reforma integral de la legislación penal dominicana, no solo para este caso, sino para actualizar figuras penales desfasadas y responder a la demanda de justicia de la sociedad.