Santo Domingo.- La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo, Inc. (Amaprosado) manifestó su firme rechazo a la reforma laboral recientemente aprobada en primera lectura por el Senado de la República al considerarla injusta y apresurada.
El presidente de Amaprosado, Andrés Cosma, sostuvo que además la reforma es desfasada frente a las realidades económicas y sociales que enfrenta el país, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que constituyen el 98% del tejido empresarial dominicano.
“Hacemos un llamado enérgico al Senado de la República para que retome el diálogo sincero, plural y representativo con todos los sectores involucrados. Solo un pacto laboral justo y equilibrado permitirá fortalecer la estabilidad del empleo, fomentar la formalización de las Mipymes y garantizar la paz laboral en favor del desarrollo económico y social del país”, indicó.
Cosma alertó al país sobre tres aspectos fundamentales que, de mantenerse en el proyecto, pondrían en grave riesgo la estabilidad laboral y la sostenibilidad de miles de unidades de negocio.
Dijo que los tres puntos son el de la cesantía como barrera al desarrollo sostenible de las Mipymes, el de los procesos judiciales sin espacio para acuerdos conciliatorios previos y el de la ausencia de consenso tripartito.
Argumentó que la reforma mantiene intacto el esquema de cesantía, sin avanzar hacia un modelo moderno como el seguro de desempleo, vigente en múltiples países.
“Este sistema actual desincentiva la formalización y complica la operación de las empresas, especialmente de aquellas que enfrentan múltiples cargas fijas y márgenes estrechos. Su mantenimiento provocará que muchas Mipymes formales consideren migrar a la informalidad, debilitando la base tributaria y los derechos laborales reales», agregó.
En el segundo elemento, Cosma sostuvo que el proyecto aprobado limita las posibilidades de conciliación y entendimiento entre empleador y trabajador antes de un proceso judicial, generando una ola de litigios que puede colapsar el sistema y poner en riesgo la existencia de miles de negocios. Esto representa una amenaza directa para la inversión y la generación de empleo.
El tercer punto, indica Cosma, es que la reforma fue aprobada sin el debido consenso entre los actores fundamentales del diálogo tripartito: el sector sindical, el empresariado y el Estado.
“Esta forma de legislar rompe con el espíritu democrático y participativo que debe primar en una sociedad moderna y en procesos de tanta sensibilidad como una reforma laboral”, manifestó.