El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, sostuvo que el nuevo Código Penal representa un avance frente a la legislación anterior, aunque reconoció que no constituye un instrumento perfecto y que sus disposiciones deben continuar evaluándose para introducir los ajustes que resulten necesarios.
El funcionario expuso estos planteamientos al impartir la conferencia inaugural “Propuestas puntuales a la justicia desde la Constitución hasta el Código Penal”, durante el I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
“Estoy consciente de que esta última reforma, incluso no hace a este código un instrumento perfecto, pero yo estoy seguro de que es más adecuado que el de 1884”, expresó.
Peralta Romero explicó que, cuando se examinó la legislación para su promulgación, se identificaron aspectos que requerían ajustes. Sin embargo, señaló que se consideró conveniente incorporar sus avances al ordenamiento jurídico y abrir inmediatamente un proceso de revisión, en lugar de repetir el ciclo de observaciones y estancamiento que había afectado anteriores propuestas.
Añadió que en la revisión posterior participaron especialistas, el Ministerio Público y el Congreso Nacional.
El ministro defendió el carácter dinámico de la legislación penal y manifestó que no debe generar alarma la identificación de disposiciones que necesiten modificarse a partir de su aplicación práctica, de los cambios sociales o del desarrollo tecnológico.
“Las leyes tienen que ser para servirle a la gente”, puntualizó. Como ejemplo, indicó que, si un plazo para ejercer un recurso resulta insuficiente, corresponde revisar la disposición y adecuarla.
Reformas como parte de un mismo proceso
Durante su exposición, Peralta Romero presentó las transformaciones constitucionales e institucionales vinculadas con la justicia como componentes de un proceso articulado.
Entre los asuntos abordados figuraron la especialización del Ministerio Público en la persecución del delito, los cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el mecanismo de designación del procurador general de la República, así como la creación del Ministerio de Justicia.
Explicó que esta institución permite concentrar funciones administrativas y de representación del Estado que anteriormente se encontraban distribuidas entre distintos organismos, y contribuir a que el Ministerio Público se enfoque en sus responsabilidades propias.
También se refirió al papel del abogado general de la Administración Pública, a la gestión del sistema penitenciario y a la coordinación de la defensa del Estado en procesos judiciales y arbitrales.
Cultura y deporte en la prevención del delito
El ministro subrayó que la prevención de la criminalidad requiere la participación de instituciones que trascienden el ámbito policial.
Señaló que, ante un brote delictivo en una comunidad, deben involucrarse, junto con Justicia, Interior y Policía y la Policía Nacional, entidades como los ministerios de Cultura, Deportes y de la Mujer.
En ese contexto, informó que uno de los primeros contactos institucionales realizados desde el Ministerio de Justicia fue con el Ministerio de Cultura, para conversar sobre su contribución a la prevención del delito.
La conferencia abrió la jornada académica del seminario, dedicado al impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción, con énfasis especial en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance.