La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) expresó su respaldo al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que corrige distorsiones introducidas por la Ley 98-25 y restablece principios esenciales de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva.
La entidad recordó que fue una de las primeras organizaciones en advertir los efectos negativos de la legislación vigente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, al punto de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, tras entender que el esquema de contribuciones vulneraba principios constitucionales al imponer cargas desproporcionadas a miles de empresas.
Fernando Pinales, presidente de Codopyme sostuvo que los proyectos de ley deben ser debatidos con todos los sectores de la vida nacional antes de ser sometidos, a fin de evitar situaciones como las observadas recientemente con esta normativa, que, a su juicio, fue elaborada a la medida.
Asimismo, destacó que la nueva propuesta establece una escala de contribuciones más justa, basada en la capacidad económica real de cada empresa, aunque todavía toma como referencia las ventas, lo cual considera un error, ya que el criterio correcto debió ser la capacidad de generación de residuos. Las ventas, señaló, no son un parámetro adecuado para determinar el monto del aporte. También indicó que aún persisten distorsiones por corregir.
“Importante precisar que, CODOPYME hace un respetuoso llamado para que la entidad sea incorporada al órgano de gobernanza del Fideicomiso que administrará los recursos derivados de esta ley, en representación del sector MIPYME, conforme al mandato de la Ley 488-08 que nos confiere la representatividad del sector y que representa el 98 % del tejido empresarial dominicano, por lo que consideramos que la participación de las MIPYMES en las decisiones sobre la administración de estos recursos fortalecerá la transparencia, la legitimidad institucional y el éxito de la implementación de la Ley 98-25”, explicó.
Pinales reiteró que la protección del medio ambiente y la competitividad empresarial deben avanzar de la mano. Un sistema ambiental solo será exitoso si cuenta con reglas justas, seguridad jurídica y mecanismos financieramente sostenibles que permitan cumplir sus objetivos.
Finalmente, afirmó que la discusión no debe centrarse en quién paga más o quién paga menos, sino en cómo construir un sistema de gestión de residuos que funcione, sea financieramente sostenible, promueva el reciclaje, fortalezca la economía circular y garantice que cada sector contribuya de manera justa conforme a su capacidad económica.