La Contraloría General de la República (CGR) emitió la circular núm. IN-CGR-CIR-2025-001, en la que comunica a los incumbentes de 111 instituciones públicas el proceso que se llevará a cabo para auditarlas en colaboración con firmas privadas, lo que responde a las instrucciones del presidente Luis Abinader, de cumplir cabalmente con las disposiciones constitucionales y legales sobre el control de los fondos públicos.
Según lo explica la citada circular, firmada por el contralor general de la República, Félix Santana García, las instituciones descritas en el listado anexo al documento deberán completar dichas auditorías en el ejercicio fiscal del 2025 y, a tales fines, las instituciones a ser auditadas deberán gestionar los recursos presupuestarios necesarios para la contratación de las firmas privadas que aplicarán las auditorías internas, bajo la supervisión de técnicos especializados de la Contraloría.
La acción se sustenta en el marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, de recurrir al apoyo especializado de firmas privadas para la realización de auditorías internas y evaluaciones especiales, en conjunto con las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
Santana García señaló que esta primera jornada requiere que los procesos de contratación estén debidamente adjudicados entre abril y junio de 2025, ya que las auditorías están programadas para iniciar en julio del mismo año y finalizar antes del cierre del referido ejercicio fiscal.
Indicó que este proceso se hará por niveles de Gobierno, iniciando con las 111 instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas no financieras y de la seguridad social; luego se enfocarán en las entidades restantes: el Gobierno central y las municipalidades.
Según explicó el contralor general de la República, se trata de una primera fase para dar inicio al cumplimiento de las instrucciones del presidente Abinader Corona, para que sean contratadas firmas privadas con las que se puedan realizar más auditorías, y de esa forma poder abarcar el 100 % de los citados niveles del Gobierno.
Expresó que ha sido el interés del presidente Abinader de que tanto la contratación como la prestación de los servicios de auditoría se realicen de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, incluyendo la Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la Ley núm. 340-06, de Contrataciones Públicas y sus modificaciones, el Reglamento núm. 416-23 de aplicación de la Ley núm. 340-06, así como las demás normas vigentes del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y Sistema Financiero del Estado (Siafe).