Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por el Ministerio Público por pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez, quienes solicitaron al tribunal mantener la prisión preventiva del procesado en virtud de que siguen sin variar los presupuestos presentados por la defensa en la audiencia donde se le impuso inicialmente la medida de coerción.
Nancy María Joaquín Guzmán, en funciones de jueza de la Instrucción Especial, rechazó el pedimento de la defensa de variar la prisión preventiva durante la audiencia donde se conoció la solicitud de revisión de la coerción que le fue impuesta a Valdez Alcántara el pasado mes de mayo por espacio de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El pasado 29 de junio la jueza Joaquín Guzmán dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción a Valdez Alcántara como consecuencia del recurso que conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 3 de junio, cuando, igualmente, le ratificó la medida privativa de libertad.
La magistrada Joaquín Guzmán fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público le imputa a Valdez Alcántara la violación de varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida de coerción fue impuesta el pasado mes de mayo por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz.