Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) obtuvo la libertad inmediata de 13 personas que permanecían detenidas de manera ilegal: 11 en el destacamento policial del Ensanche Felicidad y dos en el destacamento de Vietnam, en Los Mina, Santo Domingo Este, luego de que un tribunal acogiera una acción de hábeas corpus presentada por las defensoras públicas Edilenny Morel y Yuleidy Figuereo.
La intervención de la Defensa Pública se produjo tras constatar que en ambos destacamentos había 16 personas privadas de libertad, de las cuales 13 nunca habían sido presentadas ante un juez, pese a llevar más de un mes detenidas.
Durante la inspección también se verificó que no existían solicitudes de medidas de coerción depositadas ante el tribunal correspondiente, situación que constituye una grave vulneración al debido proceso y al derecho fundamental a la libertad.
Durante el conocimiento de la acción, el Ministerio Público informó al tribunal que, tras verificar sus registros, no encontró constancia de solicitudes de medidas de coerción ni de actuaciones procesales relacionadas con las personas detenidas, por lo que no presentó oposición al hábeas corpus.
Tras valorar los hechos expuestos, el tribunal acogió la acción constitucional y ordenó la libertad inmediata de las 13 personas favorecidas por el recurso.
Asimismo, rechazó la solicitud de astreinte y dispuso la compensación de las costas del proceso.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que este caso evidencia la importancia de la labor que realiza la institución para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas.
“Ningún ciudadano puede permanecer privado de libertad sin ser sometido al control de un juez y sin que se respeten las garantías del debido proceso. La Defensa Pública continuará actuando con firmeza cada vez que se produzcan detenciones arbitrarias o cualquier actuación que vulnere los derechos consagrados en la Constitución y las leyes de la República Dominicana”, expresó Valentín Santos.
El funcionario reiteró que la Defensa Pública mantendrá una vigilancia permanente sobre las condiciones de detención en los destacamentos y centros de privación de libertad del país, con el propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las personas más vulnerables.