La seguridad de las misiones internacionales en el departamento de Norte de Santander volvió a quedar en duda después de que una comisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) fuera retenida durante cerca de cuarenta minutos en un puesto de control armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en horas de la tarde del 30 de septiembre de 2025.
Según informaron autoridades locales y representantes de Naciones Unidas, el retén ilegal se localizó en la vereda Villa del Carmen, en la carretera que enlaza el municipio de Tibú con El Tarra, plena zona del Catatumbo.
El incidente afectó a cuatro ocupantes del vehículo —el conductor y tres funcionarios de la dependencia de la ONU—, quienes, de acuerdo con la versión oficial, fueron obligados a quedarse en el lugar mientras los integrantes armados del grupo realizaban distintas verificaciones.
Las fuentes consultadas por Caracol Radio, señalaron que la comisión se mantuvo bajo vigilancia armada, aunque recalcaron que no se produjeron daños físicos a ninguna de las personas retenidas.
Una vez terminadas las comprobaciones, los miembros de la Unodc recuperaron la libertad de movimientos y lograron continuar hasta Tibú, donde se encuentran actualmente a salvo, según confirmaron los portavoces de la organización internacional y autoridades departamentales. Destacaron, además, que la acción no derivó en ningún tipo de agresión o afectación adicional a los afectados.
El episodio pone de manifiesto, según remarcan distintas fuentes institucionales y humanitarias, que los riesgos para la seguridad persisten en diferentes áreas del Catatumbo como resultado de la presencia activa de grupos armados ilegales. “Se requiere garantizar corredores seguros tanto para misiones internacionales como para el tránsito de la población civil en la región”, coincidieron representantes de la ONU.
Por su parte, el secretario de seguridad del departamento de Norte de Santander, confirmó el estado de los secuestrados: “Se encuentran bien y en las próximas horas serán trasladados a Cúcuta”.
Integrantes de misión médica que habían sido secuestrados por indígenas U’wa fueron liberados
La retención temporal de más de veinte integrantes de una misión médica en las afueras del municipio de Toledo reflejó la tensión entre comunidades indígenas y las instituciones encargadas de la cobertura sanitaria. La situación se produjo en el corregimiento de Gibraltar, donde miembros de la comunidad u’wa interceptaron a un equipo conformado por trabajadores de la Nueva EPS, el Hospital Sur Oriental y la Alcaldía de Toledo durante una jornada programada de atención.
La retención temporal de más de veinte integrantes de una misión médica en las afueras del municipio de Toledo reflejó la tensión entre comunidades indígenas y las instituciones encargadas de la cobertura sanitaria – crédito Leonardo Duque
De acuerdo con información obtenida por Alerta Santanderes, el 13 de agosto, la comunidad u’wa decidió impedir la salida de los profesionales al no haberse cumplido la entrega de medicamentos comprometida previamente por la misión. Los líderes indígenas exigieron que se concretara la entrega de los insumos antes de permitir que abandonaran la zona.
El grupo de retenidos incluía médicos, una enfermera profesional, auxiliares de enfermería y varios funcionarios municipales, quienes estaban desplazándose varios kilómetros para atender a la población rural, según reportó el medio local.
La retención concluyó tras algunas horas, luego de la intervención de autoridades locales y de lograrse un acuerdo a través del diálogo entablado entre representantes de la comunidad u’wa y funcionarios municipales, según detalló Colmundo Radio. Todos los miembros de la misión médica y los funcionarios municipales fueron liberados en buen estado de salud, sin que se registraran lesiones, daños físicos o agresiones directas.
El incidente motivó la apertura de investigaciones para determinar si hubo algún tipo de presión por parte de actores armados, en paralelo con las gestiones entre la Alcaldía y la Nueva EPS para garantizar el envío de los medicamentos requeridos a la comunidad. Las autoridades municipales y departamentales también activaron mesas de diálogo para evitar nuevas situaciones de este tipo y así asegurar el tránsito de brigadas de salud en comunidades vulnerables de la región.