Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza la creación de la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf), una sociedad comercial de capital mixto que tendría a su cargo el desarrollo, construcción y operación de un moderno estadio de béisbol con estándares de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos (MLB), además de un complejo inmobiliario y urbanístico en el Distrito Nacional.
La propuesta contempla que el nuevo estadio sea construido en el perímetro que actualmente ocupa el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en el ensanche La Fe, y que cuente con las condiciones necesarias para albergar partidos oficiales de equipos de las Grandes Ligas, así como otras disciplinas deportivas, actividades recreativas y eventos sociales.
El proyecto parte de la importancia del béisbol para la República Dominicana y destaca la presencia de jugadores dominicanos en las Grandes Ligas, incluidos los cinco miembros del Salón de la Fama de Cooperstown: Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré. También resalta que la selección dominicana conquistó invicta el Clásico Mundial de Béisbol de 2013 y que el país acumula 23 campeonatos de la Serie del Caribe.
La iniciativa señala que, pese a la relevancia internacional del béisbol dominicano, el país carece de un estadio con estándares modernos que permita ofrecer a los aficionados mayores condiciones de comodidad, seguridad y servicios, además de facilitar la celebración de eventos internacionales de alto nivel.
Una alianza entre el Estado y el sector privado
La propuesta legislativa plantea que el proyecto sea ejecutado bajo un esquema de capital mixto, con participación del Estado dominicano y de inversionistas privados.
De acuerdo con el proyecto, el Estado y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) podrán aportar en naturaleza los inmuebles de su propiedad ubicados dentro de las manzanas contempladas en el perímetro del proyecto. A cambio, recibirían las acciones correspondientes al valor de los bienes aportados, determinado mediante una tasación realizada por tres profesionales del Instituto de Tasadores de la República Dominicana.
El proyecto establece además que el Estado podrá aportar posteriormente otros terrenos ocupados por entidades públicas dentro de la Zona de Uso Especial del ensanche La Fe, con el propósito de desarrollar el componente inmobiliario y urbanístico.
La propuesta responde a una recomendación de la comisión consultiva creada mediante el Decreto núm. 306-25, del 6 de junio de 2025, para evaluar la viabilidad de construir en terrenos estatales del ensanche La Fe un estadio que cumpliera con los requerimientos de las Grandes Ligas.
Luego de realizar consultas y estudios, además de recibir los requerimientos de MLB, la comisión recomendó que la construcción se realizara mediante una alianza con el sector privado, a través de una sociedad comercial de capital mixto. También se recomendó que el socio estratégico privado fuera escogido mediante un proceso transparente y aportara los recursos líquidos necesarios para la construcción del estadio.
Selección competitiva del socio privado
Uno de los elementos centrales del proyecto es el mecanismo previsto para seleccionar al socio estratégico privado.
La propuesta establece un procedimiento competitivo que deberá incluir la aprobación y publicación de las bases, la presentación de credenciales de los interesados, las ofertas técnicas y económicas de los participantes precalificados y la negociación de las condiciones finales y de los contratos de asociación.
Los participantes deberán demostrar capacidad financiera para realizar el aporte inicial que se establezca en los términos de referencia, así como capacidad técnica para diseñar y construir un estadio conforme a los estándares de las Grandes Ligas.
También deberán presentar un modelo de negocio sostenible para el desarrollo del área, que contemple nuevos espacios públicos, calles internas y áreas verdes, además de garantizar el funcionamiento continuo del Estadio Quisqueya Juan Marichal durante todo el período de construcción del nuevo estadio.
Entre las condiciones también figura la remodelación del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.
Una transformación urbana más amplia
El proyecto no se limita a la construcción de una nueva instalación deportiva. La propuesta plantea aprovechar las características del denominado “polígono especial Ensanche La Fe” para desarrollar un proyecto inmobiliario y urbanístico que complemente el estadio.
La Ordenanza 1/25, del 11 de febrero de 2025, declaró como polígono especial los terrenos del Estadio Quisqueya y del Coliseo Carlos Teo Cruz, además de áreas ocupadas por instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La iniciativa considera que las características de esta zona justifican que la construcción del estadio sea acompañada por un desarrollo inmobiliario autosostenible, con la participación del sector privado en la capitalización, financiamiento y ejecución del proyecto.
Estadio y Coliseo seguirían siendo propiedad del Estado
Uno de los aspectos establecidos en el proyecto es que las infraestructuras del nuevo estadio y del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz permanecerán registradas como propiedad permanente del Estado dominicano.
La propuesta dispone expresamente que la sociedad comercial no podrá enajenar ni realizar actos de disposición sobre el derecho de propiedad de estas infraestructuras.
Citelf estaría a cargo de un consejo de administración, mientras que la gestión operativa correspondería a los inversionistas y gestores privados, conforme a la naturaleza comercial de la sociedad. Una tercera parte de los integrantes del consejo sería propuesta por el sector público.
Bandex asumiría la representación unificada de los aportes del sector público en los órganos sociales, incluida la designación de sus representantes en el consejo de administración.
Diversas vías de financiamiento
El proyecto contempla que Citelf pueda financiar sus iniciativas mediante diferentes mecanismos, entre ellos los aportes en efectivo del socio estratégico, fondos de inversión autorizados, emisión de valores y financiamiento bancario.
No obstante, la propuesta establece que el nuevo estadio de béisbol y el Coliseo Carlos “Teo” Cruz no podrán ser utilizados como garantía inmobiliaria.
Asimismo, la sociedad podrá acogerse a los incentivos fiscales existentes en el ordenamiento jurídico dominicano, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, tanto para la construcción del estadio y la remodelación del Coliseo como para el desarrollo del complejo inmobiliario.
El Quisqueya continuará operando durante la construcción
La iniciativa prevé una etapa de transición para evitar que la construcción del nuevo estadio afecte las operaciones deportivas actuales.
Hasta que Citelf sea constituida y se seleccione el socio estratégico, el Estadio Quisqueya Juan Marichal y el Coliseo Carlos Teo Cruz continuarán bajo el régimen de administración vigente. Posteriormente, la administración y gestión de ambas instalaciones pasarán a la nueva sociedad.
Una vez asumida la administración del estadio, Citelf deberá atender las necesidades operativas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de los equipos que utilizan la instalación durante la temporada de béisbol profesional.
Para ello, el proyecto contempla la suscripción de un convenio marco con Lidom que garantice los derechos de uso y mantenimiento del estadio, mientras la sociedad conservará el control administrativo de la instalación durante todo el año.
Bandex organizará el proceso de selección
El proyecto de ley establece que Bandex tendrá a su cargo la implementación de la estructura societaria de Citelf y la organización del proceso transparente para seleccionar al socio estratégico privado.
Las bases y términos de referencia deberán establecer, además, el alcance de la gobernanza del proyecto y las materias reservadas al Estado dominicano.
La iniciativa dispone que la ley entraría en vigencia después de su promulgación y publicación, conforme a las disposiciones constitucionales y los plazos establecidos en el Código Civil de la República Dominicana.