La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) manifestó su preocupación por la reciente aprobación en única lectura, por parte del Senado, del proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Ecored advierte que esta legislación, tal como fue aprobada y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, carece de ajustes técnicos esenciales y podría comprometer seriamente la sostenibilidad financiera, la transparencia institucional y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en la economía circular del país.
En un encuentro en la Torre AIRD, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, acompañada por miembros del consejo directivo y representantes de organizaciones clave como la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
Christy Luciano destacó que la ley aprobada debilita los pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros que las respalden. Se estima que de los más de RD$8,000 millones de pesos que se proyecta recaudar anualmente, cerca de RD$4,000 millones se destinarían al aumento de tarifas para empresas recolectoras, que actualmente reciben menos de RD$3,000 millones.
Luciano enfatizó que la ley propone un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin considerar la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización, lo que penaliza injustamente a las MiPymes.
Además, Ecored advirtió sobre un riesgo significativo de conflicto de interés debido a la incorporación de la Asociación de Gestores al Consejo del Fideicomiso DO Sostenible. Esta medida implicaría que actores con interés económico directo tendrían poder de decisión, atentando contra la institucionalidad y la transparencia del sistema. La situación se agrava al considerar que quienes recibirían la mayor parte de los fondos también tendrían poder de decisión dentro del fideicomiso.
Entre sus propuestas aún pendientes se destacan:
* Que la contribución especial esté respaldada de estudios fiscales o financieros y se determine en función de los ingresos netos y no en los ingresos brutos.
* Que se apliquen mecanismos de contratación abiertos y competitivos, conforme a la Ley de Compras y Contrataciones; y que los contratos de operación entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización, tengan vigencia de tres a cinco años, y no de 10 años, como está actualmente.
* Crear mecanismos de veeduría multisectorial con participación de la academia, ONGs y sector privado, para garantizar transparencia en la asignación de permisos y contratos a través de los ayuntamientos
* Que se promueva la valorización, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos como motores de desarrollo sostenible y transformación industrial.
* Incluir un representante de Codopyme en el Consejo del Fideicomiso para garantizar una representación equitativa.
Finalmente, Ecored reiteró su llamado al Poder Ejecutivo para que revise detenidamente esta ley antes de su promulgación. “Nuestro país necesita una legislación moderna, técnicamente sólida y justa, que fortalezca la economía circular, fomente la competencia leal y garantice una gestión ambientalmente responsable”, concluyó Luciano.