Santiago de Chile.- Tras el apagón masivo que dejó a gran parte de Chile a oscuras y sin conectividad durante más de ocho horas el pasado martes, la preocupación por la fragilidad del sistema eléctrico del país se intensifica. En medio de la incertidumbre sobre las causas del apagón, surge un debate urgente sobre la necesidad de repensar la estructura y la gestión del sistema eléctrico chileno, que mostró vulnerabilidades alarmantes.
El sistema eléctrico chileno, regulado por el Estado pero operado mayoritariamente por empresas privadas en los sectores de generación, transmisión y distribución, ha experimentado fallas similares en el pasado. Este modelo, que involucra a empresas con capitales chilenos, colombianos, españoles, italianos y chinos, ha sido objeto de críticas por su falta de resiliencia frente a situaciones de emergencia.
Desde 2017, Chile se organiza en tres sistemas de interconexión eléctrica: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que abastece al 98% de la población, y los sistemas de Aysén y Magallanes, que operan de forma independiente debido a su ubicación geográfica. Aunque el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) supervisa la operación del sistema, la propiedad de los componentes está en manos de diversas empresas privadas.
El sistema chileno ha mostrado sus limitaciones en múltiples ocasiones, siendo el último apagón un reflejo de estas debilidades estructurales. Según expertos, la insuficiente infraestructura de transmisión y la concentración del mercado eléctrico en unas pocas empresas son factores que contribuyen a la vulnerabilidad del sistema. Andrés Díaz, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, destaca que la infraestructura insuficiente para la transmisión de energía, especialmente la proveniente de fuentes renovables, genera «vertimientos energéticos significativos».
Pamela Poo, investigadora de la Universidad de Concepción, apunta a la «concentración y centralismo» de la matriz energética chilena como una de las mayores debilidades. En su opinión, un modelo de «generación distribuida» o «energía comunitaria» podría haber evitado la interrupción masiva del suministro eléctrico, al permitir que comunidades y usuarios pudieran generar y distribuir su propia energía de manera más independiente.
El modelo de privatización del sector eléctrico en Chile, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, dejó al Estado con un rol regulador y fiscalizador, pero sin control directo sobre la generación, transmisión y distribución de energía. Si bien en 2014 se intentó desconcentrar el mercado de generación y transmisión, la distribución sigue siendo un área controlada por grandes empresas privadas. Según Gálvez, investigador de la Fundación Sol, este modelo prioriza la maximización de beneficios a costa de la inversión en infraestructura que garantice la estabilidad del sistema.
Los expertos coinciden en que, más allá de una mayor regulación, es urgente avanzar hacia una «reestructuración» del sistema eléctrico chileno. La propuesta incluye la incorporación de la generación distribuida y la participación activa de la comunidad en la organización de la energía. Samuel Córdova, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Católica, advierte que, aunque la transición energética hacia fuentes renovables es clave, no debe sacrificar la seguridad del suministro eléctrico.
El desafío para Chile será encontrar un equilibrio entre un sistema más sostenible, eficiente y equitativo, que no dependa únicamente de grandes corporaciones privadas, y que pueda ofrecer un suministro eléctrico confiable ante cualquier crisis.