Santiago de Chile – El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Fernando Rabat, no descartó conceder indultos a criminales de lesa humanidad condenados por delitos cometidos durante la dictadura civil militar (1973-1990) y señaló que «las circunstancias del caso van a permitir responder aquello».
«A veces no se trata solamente del delito, propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes que están en el expediente respectivo», afirmó el ministro en una entrevista con CNN Chile.
Consultado directamente por posibles indultos a violadores de Derechos Humanos, Rabat subrayó que «va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente».
Rabat, quien integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs -investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos-, afirmó que a la fecha el Gobierno ha recibido más de cuarenta solicitudes de indulto presidencial, algunas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, a la ola de protestas de 2019 y a delitos comunes.
El indulto a criminales de la dictadura, un tema polémico en Chile
Durante su campaña, el presidente José Antonio Kast se mostró abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet, como Miguel Krassnoff -sentenciado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de opositores políticos durante la dictadura-.
Familiares de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos en el país suramericano han manifestado su preocupación por ésta y otras señales que han emanado del Ejecutivo, entre ellas la decisión de no alegar frente a la solicitud de beneficios carcelarios que terminó con la liberación en mayo pasado de un condenado por 86 casos de desaparición forzada.