La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un «esfuerzo y compromiso» con el país, cuando se cumplen cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.
«Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %», aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.
Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).
Paz mencionó que esa decisión no afectará a «otras áreas ni a profesionales», puesto que la intención no es «perjudicar» a esos trabajadores, sino buscar que «los mejores» permanezcan en el servicio público.
Paz dice que hará respetar la Constitución
«Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (…) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución», afirmó Paz.
El mandatario dijo que el país «no necesita el conflicto» y que hay que dialogar, «pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina», problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno, el Legislativo y El Alto.
«No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados», añadió.
El presidente, que lleva seis meses en el poder, ratificó la convocatoria para que este miércoles, en La Paz, se desarrolle la primera sesión del Consejo Económico y Social, instancia que tratará las diversas demandas regionales, además de abordar la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo.
Paz ratificó a los sectores movilizados que no aplicará una «privatización» de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.
El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.
Buscan la salida del presidente
Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.
Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia del mandatario.
Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del «perdonazo tributario» que, según enfatizó, «no es para los ricos» sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan «reactivar» su economía.
Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.
Lugares más afectados por las protestas
El presidente asistió a la efemérides libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, atendiendo las reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.
Las protestas que exigen la renuncia del presidente mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.
Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos «puentes aéreos» para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.
El fin de semana fracasó un nuevo intento del Gobierno de abrir un «corredor humanitario» en una carretera estratégica entre La Paz y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.
EFE