Santo Domingo.- La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocerá este jueves 16 la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Hernani Aquino y Ricardo Ripoll. La acción exige el cese inmediato de lo que califican como un “engaño masivo” al consumidor y un “desacato consumado” a la Ley 225-20, cuyo plazo para la eliminación del poliestireno expandido (foam) venció el pasado 2 de octubre.
La pieza judicial argumenta que, tras vencerse el plazo de 60 meses otorgado por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la comercialización de envases de foam para alimentos y bebidas se encuentra en un estado de franca ilegalidad. Los accionantes sostienen que las autoridades han incumplido su deber de hacer cumplir la ley, permitiendo que el mercado siga inundado de estos productos en violación directa del mandato del Congreso Nacional. La intervención del Defensor del Pueblo subraya la relevancia colectiva del caso, alineándose con su rol de garante de derechos fundamentales, incluido el acceso a un medio ambiente sano.
El recurso detalla una “falla sistémica”, demostrando con pruebas, entre ellas documentos oficiales, que la industria del plástico solicitó la adopción de una norma técnica (NORDOM ASTM D5511) inaplicable a la realidad dominicana para simular un falso cumplimiento. La acción revela que el propio Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) ha certificado por escrito que “no se registran certificaciones” que avalen la supuesta biodegradabilidad de estos productos, calificando la publicidad en los empaques como fraudulenta.
“La ley les dio 1,825 días para actuar y no hicieron nada. Ahora, el plazo se venció y el desacato es flagrante”, expresó Hernani Aquino. “No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se cumpla la ley y se detenga este engaño que pone en riesgo la salud de todos los dominicanos. La justicia es el último guardián que le queda al ciudadano cuando el sistema falla”. La acción de amparo subraya los graves riesgos para la salud pública, citando agencias internacionales que clasifican el estireno, componente del foam, como un posible carcinógeno cuya migración a los alimentos representa un riesgo documentado.
Asimismo, argumenta que la inacción del Estado contraviene los compromisos de la República Dominicana bajo acuerdos internacionales como el Convenio de Basilea y el Acuerdo de París, que exigen una gestión ambientalmente racional de los residuos y la mitigación de emisiones.
La audiencia virtual está fijada para el jueves 16 de octubre a las 9:00 a. m. ante la Quinta Sala del TSA. Se espera una amplia concurrencia de los sectores demandados, que incluyen a los principales ministerios con competencia en la materia, así como a la asociación industrial y a las mayores cadenas comerciales del país, en un espacio de diálogo constructivo que potencie soluciones integrales para el bien común.