Jueces y catedráticos nacionales e internacionales participaron como panelistas durante el «Seminario Diálogos Constitucionales: una mirada comparada. Tensión entre derechos y protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)», en la que compartieron la experiencia de cómo se protegen estos derechos fundamentales en Colombia, México, Chile y República Dominicana.
En el evento, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) a través de su Centro de Estudios Constitucionales, el Instituto O´Neill de la Universidad de Georgetown E.U.A., la seccional dominicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se desarrollaron los paneles «La ponderación como una herramienta para la resolución de conflictos de derechos» y «Desafíos en la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales».
En el primer conversatorio, el magistrado Amaury Reyes Torres, juez del TC, se refirió a la ponderación como una técnica o un método de razonamiento jurídico con un alto grado de razonamiento práctico, que permite solucionar problemas que se dan entre un derecho fundamental o un principio jurídico que no tiene la forma de derecho fundamental o entre derechos fundamentales.
Explicó el proceso que utiliza para tener una mejor ponderación, basada en pruebas verídicas y en premisas jurídicas. «En este caso quiero revelar que esto no es necesariamente una fórmula matemática, pero te pone en condiciones de poner sobre la mesa, con las pruebas y los argumentos jurídicos, cómo es la mejor forma de darle peso o solucionar un problema y llegar a la solución más aceptable posible desde el punto de vista de la argumentación», resaltó.
De su lado, la ministra del Tribunal Constitucional de Chile, Catalina Lagos Tschorne, reforzó la relevancia que tiene la ponderación desde una perspectiva democrática, destacando que la utilización de esta herramienta en la judicatura, y en particular de la judicatura constitucional, permite fortalecer la legitimidad de los órganos que ejercen la justicia constitucional, ya que le da transparencia a los fundamentos de las razones que contemplan.
«Esto es particularmente relevante cuando se trata de decisiones que se vinculan con medidas legislativas o políticas públicas que se construyan sobre temáticas que son altamente controvertidas en la sociedad, cuando hay diferencia de pareceres respecto a cómo enfrentar una determinada problemática», afirmó.
Partiendo de la premisa de que «ningún derecho es absoluto», el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Javier Laynez Potisek, definió la ponderación como «un conflicto de intereses en una sociedad democrática muy compleja que propicia que cuando los derechos chocan tenemos la labor los jueces constitucionales de definir cuál prevalece».
Resaltó que en México los jueces siguen cuatro pasos para definir si una medida es inconstitucional, el primero de los cuales es definir la finalidad constitucionalmente válida de la medida, luego se preguntan si existe una conexión racional entre la medida y el fin que pretende; en tercer lugar, analizan si la medida es necesaria y, por último, evalúan la proporcionalidad del sentido estricto. El letrado Juan Narciso Elías Vizcaino Canario fue el moderador de este diálogo.
Luego, en la jornada de la tarde se llevó a cabo el segundo panel que contó con las ponencias de Mery Layne Collado Tactuk, jueza presidenta de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo dominicano; Rodrigo Uprimny Yepes, profesor de la Universidad Nacional de Colombia; y Oscar Parra Vera, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia.
Al iniciar este conversatorio, Uprimny Yepes precisó que ha habido críticas de que los derechos económicos, sociales y culturales tengan la misma protección judicial que los derechos civiles y políticos, pero que a su entender estos ameritan ser protegidos de la misma manera ya que tienen los mismos fundamentos.
«Todos los derechos implican obligaciones de protección, garantía del derecho frente a interferencias de terceros y todos los derechos implican desarrollos progresivos», dijo el catedrático previo a indicar que los jueces tienen un papel importante en este asunto.
Sobre el tema, la jueza Collado Tactuk afirmó que uno de los desafíos para proteger estos derechos, es que las personas conozcan cuál es el recurso idóneo a interponer en los tribunales. «Lamentablemente le damos ese matiz amparistíco a todo cuando no necesariamente es así, entonces lo que hacemos es retrasar los procesos», expuso.
Por otro lado, manifestó que el Estado no puede garantizar derechos si no hay recursos. «Estos derechos prestacionales entonces requieren la erogación por parte del Estado de fondos públicos, que los obtiene de los impuestos que pagan los propios beneficiarios de esos derechos que queremos proteger», añadió.
Para el magistrado Parra Vera, los tribunales pueden tener un rol crucial para un funcionamiento más transparente de las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
Al hacer referencia a la Sentencia T-760/08, de la Corte Constitucional de Colombia, que tuvo un gran impacto en el sistema de salud, el magistrado indicó que las cortes pueden desarrollar remedios judiciales estructurales creativos en este tipo de casos. «Y eso es fundamental para garantizar un goce efectivo del derecho a la salud», agregó durante el conversatorio que fue moderado por la abogada Maycar Mejía Barros.
Al inicio del seminario, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Héctor Pereyra, dio bienvenida al acto realizado en las instalaciones de esta casa de altos estudios, mientras que Hermógenes Acosta de los Santos, presidente de la seccional dominicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y pasado magistrado del TC, explicó la metodología y pronunció las palabras de cierre en las que destacó el interés de la comunidad jurídica en este evento internacional.
Asistieron al seminario los magistrados del TC Fidias F. Aristy Payano y Sonia Díaz Inoa, así como la secretaria de esta alta corte, Grace Ventura Rondón; la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Mayra Cabral Brea; jueces, catedráticos, abogados y servidores constitucionales.