Santo Domingo. – Autoridades dominicanas extraditaron este fin de semana a dos ciudadanos requeridos por la justicia de los Estados Unidos, por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, fraude electrónico y lavado de activos.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), coordinaron la entrega de Ezequiel José Brito Paulino y Carlos Javier Estévez, quienes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas, desde donde fueron enviados a territorio estadounidense para enfrentar cargos en su contra.
Ezequiel José Brito Paulino, de 41 años, es requerido por un tribunal del Distrito de Nueva Jersey, acusado de asociación delictuosa para distribuir y poseer con intención de distribuir un kilogramo o más de heroína y 400 gramos o más de fentanilo, una sustancia considerada de alta peligrosidad y que ha sido responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Por su parte, Carlos Javier Estévez enfrenta acusaciones por pertenecer a una red internacional dedicada al fraude electrónico, que habría estafado con millones de dólares a personas mayores en Estados Unidos. Según las investigaciones, Estévez y sus cómplices realizaban llamadas telefónicas desde la República Dominicana haciéndose pasar por familiares de las víctimas, alegando supuestos accidentes de tránsito para solicitar ayuda económica de manera fraudulenta.
El Tribunal de Distrito de Nueva Jersey emitió en enero de 2024 una orden de arresto contra Estévez por asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y por correo, así como por lavado de activos derivados de esas actividades ilícitas.
Ambos ciudadanos fueron capturados durante operativos realizados en las provincias Duarte y Santiago, y su extradición fue autorizada mediante los decretos 286-25 y 287-25, firmados por el Poder Ejecutivo.
La entrega de los imputados responde a los compromisos asumidos por la República Dominicana en el combate al narcotráfico, el crimen transnacional y el lavado de activos, en coordinación con países aliados como los Estados Unidos.