La República Dominicana continúa fuera de la Lista de Vigilancia 301 por tercer año consecutivo, según el más reciente informe del Gobierno de Estados Unidos. Se trata de una señal que, más allá del dato técnico, incide directamente en la percepción de confianza para invertir en el país.
El reporte, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, evalúa cómo los socios comerciales protegen los derechos de propiedad intelectual. En esta edición, correspondiente a 2026, el país vuelve a quedar fuera del grupo de observación, lo que indica avances sostenidos en materia de transparencia y control de la piratería.
La información fue confirmada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), que dirige José Ruben Gonell Cosme. El funcionario explicó que el resultado responde a una combinación de políticas públicas y coordinación institucional que, según dijo, han mejorado la capacidad de respuesta del Estado frente a las infracciones.
Gonell Cosme atribuyó el logro a la estrategia impulsada por el presidente Luis Abinader, enfocada en fortalecer la protección del derecho de autor y la propiedad intelectual. En ese contexto, destacó la creación del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), una instancia que articula a varias entidades para diseñar y ejecutar políticas en este ámbito.
El CIPI, establecido mediante el Decreto 776-22 y coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, funciona como un punto de encuentro entre instituciones clave. Allí convergen organismos como la Procuraduría General de la República, ONAPI, INDOTEL, la Dirección General de Aduanas y Pro-Consumidor y la ONDA, entre otros. Su objetivo es cerrar brechas en la protección de activos intangibles y enfrentar prácticas ilegales que afectan la economía.
De acuerdo con las Gonell Cosme, el Gobierno mantiene el compromiso de endurecer las medidas contra la piratería, tanto en entornos físicos como digitales. Esto incluye desde operativos de fiscalización hasta programas de formación técnica y cooperación con Estados Unidos.
El informe también deja claro que la propiedad intelectual sigue siendo una prioridad para la política comercial estadounidense. No es solo un tema legal, sino económico. La protección de marcas, invenciones y creaciones impacta sectores enteros que dependen de la innovación.
Cada año, este reporte revisa el desempeño de los países bajo los parámetros establecidos en la Ley de Comercio de 1974. Aquellos que presentan fallas significativas en la protección de derechos suelen ser incluidos en listas de vigilancia, lo que puede afectar relaciones comerciales y flujos de inversión.
Entre los problemas más comunes detectados a nivel global figuran la falsificación de productos, la piratería digital, debilidades en la protección de secretos comerciales y trabas en el acceso a mercados. En ese escenario, mantenerse fuera de la lista no es menor.
Para República Dominicana, el reto ahora es sostener esos avances. La permanencia fuera de la Lista 301 no solo refleja cumplimiento, también obliga a seguir fortaleciendo instituciones y mecanismos de control en un entorno cada vez más exigente.