La aplicación del nuevo Código Penal exige un cambio de mentalidad en los actores del sistema de justicia, capacitación continua, investigaciones sólidas y recursos suficientes para responder a las nuevas exigencias de la legislación, plantearon los participantes del Diálogo de la Justicia del I Seminario Nacional ADOCCO.
Ysis Muñiz Almonte, Francisco Rodríguez, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y Daniel Julio Nolasco Olivo examinaron la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la calidad de las investigaciones, la aplicación de las penas y las vías alternativas para resolver conflictos.
El conversatorio, moderado por Freddy Ángel Castro, formó parte del seminario celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción.
Ysis Muñiz: la reforma demanda un cambio de mentalidad
Ysis Muñiz Almonte advirtió que la nueva legislación representa una transformación que trasciende la sustitución de normas.
“Nosotros no estamos frente a un simple cambio normativo. Esto no es una transición meramente técnica”, expresó, al sostener que la reforma exige una nueva forma de comprender y aplicar el derecho penal.
Concentró su intervención en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que explicó desde el concepto de defecto de organización: la falta de medidas suficientes de dirección, control y supervisión para evitar delitos cometidos en nombre o beneficio de la entidad.
La magistrada expuso argumentos a favor y en contra de la posibilidad de responsabilizar a una persona jurídica sin identificar a la persona física que ejecutó la conducta. Señaló que esa discusión involucra principios como la personalidad de las penas, la culpabilidad y el derecho de defensa, y anticipó que el Tribunal Constitucional tendrá un papel relevante en su examen.
Francisco Rodríguez pide fortalecer al Ministerio Público
Francisco Rodríguez sostuvo que los resultados de la reforma dependerán de investigaciones capaces de sustentar las imputaciones y desvirtuar la presunción de inocencia mediante pruebas.
Destacó que los fiscales deben conocer a profundidad la normativa y trabajar con profesionales de distintas disciplinas, incluidos contables, economistas y peritos forenses, para abordar hechos de mayor complejidad.
“El aspecto de recursos” requiere atención especial, afirmó, al advertir que el Ministerio Público necesita medios suficientes para alcanzar los resultados que la sociedad espera.
Precisó que el fortalecimiento también debe incluir organización interna, lineamientos claros y coordinación oportuna con las instituciones que aportan información a las investigaciones.
Asimismo, defendió la continuidad de la formación de los fiscales y la entrega a tiempo de los elementos necesarios para procesar los casos dentro de los plazos correspondientes.
Vásquez Febrillet reclama mayor rigor al imponer las penas
Rosanna Isabel Vásquez Febrillet destacó los desafíos de aplicar las normas penales en el tiempo y la necesidad de examinar cuidadosamente cuál disposición corresponde a cada caso, atendiendo a los principios aplicables.
Subrayó que la coexistencia de situaciones regidas por distintas normas obliga a jueces, fiscales y abogados a mantener una preparación constante para reducir el riesgo de errores.
La magistrada también formuló una autocrítica sobre la determinación de las penas. Consideró que esa etapa requiere un razonamiento específico y minucioso, especialmente ante las nuevas reglas de acumulación.
“Ahora tendremos que ser más acuciosos, minuciosos”, expresó.
Valoró la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y exhortó a las organizaciones a establecer protocolos de supervisión, verificación y monitoreo. También destacó la importancia del control de constitucionalidad al examinar las nuevas disposiciones.
Nolasco Olivo aboga por soluciones alternativas al litigio
Daniel Julio Nolasco Olivo defendió una mayor utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía para reducir la sobrecarga del sistema y ofrecer respuestas oportunas.
Cuestionó una cultura profesional centrada predominantemente en el litigio y señaló que la prolongación de los procesos puede contribuir a la congestión judicial y al deterioro de la confianza ciudadana.
A su juicio, ampliar el uso de acuerdos y otras salidas alternativas contribuiría a una justicia más ágil.
Durante la moderación, Freddy Ángel Castro planteó interrogantes sobre la extensión de los expedientes, los plazos procesales y el papel de los jueces frente a los acuerdos, promoviendo una reflexión sobre la calidad y la oportunidad de las respuestas judiciales.
El diálogo puso de relieve que la reforma penal deberá acompañarse de preparación técnica, fortalecimiento institucional y una aplicación rigurosa que preserve las garantías de las partes.