El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, rechazó su detención este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, tras la ejecución de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad vinculados a su campaña contra el narcotráfico.
Duterte, de 79 años, fue arrestado a las 9:20 hora local (1:20 GMT) por las fuerzas de seguridad filipinas, después de aterrizar procedente de Hong Kong, donde había asistido a un acto electoral. Tras su detención, fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde expresó su inconformidad con la medida y exigió conocer los fundamentos legales de su arresto.
“¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?”, preguntó el ex mandatario en un video publicado en Instagram por su hija, Verónica Duterte. También aseguró que no había sido detenido por su propia voluntad y que los responsables de su captura deberían responder por la “privación de su libertad”.
En los videos se ve también a Duterte afirmando que llamaría a testificar a quienes ejecutaron su detención en un eventual juicio. “Cuando llegue el momento del proceso, los citaré al estrado. Diré: ‘Usted es la persona que me arrestó. ¿Puede decirme la razón? ¿Leyó los documentos o al menos el caso antes de hacer el arresto?’”
Duterte dijo que llamaría a testificar a quienes ejecutaron su detención en un eventual juicio
La CPI emitió la orden de arresto contra Duterte en el marco de su investigación sobre la guerra contra las drogas emprendida durante su mandato (2016-2022), en la que murieron al menos 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía Nacional de Filipinas. Organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos, al incluir víctimas de supuestas ejecuciones sumarias a manos de grupos parapoliciales.
El expresidente retiró a Filipinas de la CPI en 2019 con el argumento de que el tribunal carecía de jurisdicción sobre el país; sin embargo, la corte decidió continuar con la investigación en 2021, argumentando que los crímenes denunciados ocurrieron cuando Filipinas aún era miembro del organismo.
Aunque el actual presidente Ferdinand Marcos Jr. se ha mostrado reacio a colaborar plenamente con la CPI, en 2023 afirmó que su administración estaba “evaluando” la posibilidad de que el país volviera a formar parte del tribunal. Su postura ha generado tensiones con la familia Duterte, cuya influencia política sigue siendo fuerte en el país.
Desde el gobierno filipino, la oficina presidencial confirmó que el arresto se produjo después de que Interpol en Manila recibiera la copia oficial de la orden de detención la mañana de este martes, tras lo cual el Fiscal General del país presentó la notificación.
El arresto de Duterte llega en un momento de ruptura política entre su familia y la del presidente Marcos Jr., con quienes mantuvo una alianza durante las elecciones de 2022. En esos comicios, su hija, Sara Duterte, fue elegida vicepresidenta del país en fórmula con Marcos, pero recientemente la relación entre ambos clanes se ha deteriorado.
Mientras su padre enfrenta una posible extradición, Sara Duterte enfrenta su propio desafío legal, pues actualmente es objeto de un proceso de destitución en el Congreso por presunto uso indebido de fondos.
Duterte había anunciado su intención de regresar a la política activa al postularse como candidato a la alcaldía de Davao, la ciudad en el sur del país donde su familia mantiene una fuerte base de apoyo. La detención podría cambiar el panorama político de los comicios locales y nacionales previstos para el 12 de mayo, donde las fuerzas leales al exmandatario buscaban consolidar su influencia en el gobierno.
La detención de Duterte ha generado incertidumbre sobre los próximos movimientos de las autoridades filipinas. Si bien la CPI exige su traslado inmediato a La Haya, el gobierno de Marcos Jr. no ha confirmado si accederá a la solicitud del tribunal internacional.