El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concedió indulto navideño a presos en condición de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas y personas con discapacidades o enfermedades graves, como cáncer y VIH en etapa terminal, informaron fuentes oficiales este lunes.
En el tradicional perdón concedido con motivo de la Navidad, establecido mediante decreto y publicado de forma extraordinaria en el Diario Oficial, Lula excluyó a los condenados por crímenes contra el Estado Democrático de Derecho, como es el caso de los golpistas que buscaron derrocarlo el 8 de enero de 2023, una semana después de haber asumido su tercer mandato.
Asimismo, fue negado para líderes de organizaciones criminales y para los presos que hayan cometido crímenes hediondos, tortura, terrorismo, racismo, lavado de dinero, ocultación de bienes o que estén tras las rejas por delitos sexuales.
El indulto, en cambio, beneficiará a gestantes con embarazos de alto riesgo y a madres y abuelas condenadas por crímenes “sin grave amenaza” que comprueben que son esenciales para garantizar el cuidado de menores de hasta 12 años.
También, acogerá a detenidos con “trastorno del espectro autista severo”, a presos parapléjicos, tetrapléjicos y ciegos, y a personas mayores de 60 años que hayan cumplido una parte de su condena.
Asimismo, incluye a condenados por crímenes “sin violencia o grave amenaza” que cumplan, hasta el 25 de diciembre de 2024, por lo menos un quinto de la pena, si no son reincidentes, o un cuarto, si lo fueron.
Este año, se introdujo una novedad que impide el indulto a condenados por abuso de autoridad, y tampoco podrán acceder al perdón quienes hayan cometido delitos contra la administración pública.
Este año el perdón tampoco contempla penas “accesorias”, como multas.
El indulto de Navidad es una tradición prevista en la Constitución brasileña, que permite el perdón total de penas bajo los criterios establecidos por el presidente en un decreto anual.
Las reglas del decreto que otorga el perdón este año fueron elaboradas por el Consejo Nacional de Política Criminal y validadas por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.