Santo Domingo.- La jurista y defensora de la neurodiversidad, Maxi Feliz, valoró como un avance significativo el lanzamiento del programa Senasa Integra, orientado a ampliar la cobertura en salud para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Feliz destacó que toda iniciativa dirigida a fortalecer el acceso al diagnóstico oportuno, a terapias especializadas y al seguimiento interdisciplinario representa un paso importante para miles de familias dominicanas. No obstante, enfatizó que el país necesita consolidar una verdadera política de Estado en materia de autismo, con enfoque de ciclo de vida y sostenibilidad financiera.
“El autismo no termina a los 10 años. Los niños crecen y se convierten en adolescentes y adultos que continúan necesitando apoyo en salud, educación, inserción laboral y acompañamiento social. La respuesta pública debe ser estructural, progresiva y permanente”, expresó.
La especialista recordó que la República Dominicana cuenta con la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, la cual establece obligaciones claras para el Estado en materia de atención integral y garantía de derechos.
En ese sentido, señaló que, dado que el Presupuesto General del Estado 2026 ya fue aprobado, resulta fundamental transparentar de qué manera se garantizará la asignación efectiva de recursos para la implementación real de dicha normativa, así como prever ajustes, adecuaciones internas o partidas específicas en el próximo ciclo presupuestario.
“Las leyes requieren respaldo financiero para su cumplimiento efectivo. Sin una planificación presupuestaria clara, los derechos reconocidos pueden quedar en el plano declarativo. Es momento de asegurar coherencia entre el marco legal y la ejecución presupuestaria”, afirmó.
Asimismo, planteó la necesidad de:
Diseñar una estrategia nacional que incluya a adolescentes y adultos con TEA.
Implementar programas de transición hacia la vida independiente.
Garantizar la continuidad terapéutica sin interrupciones por razones de edad.
Establecer mecanismos de evaluación, monitoreo y rendición de cuentas.
Fortalecer la articulación interinstitucional entre los sectores salud, educación y protección social.
Feliz sostuvo que el abordaje del autismo debe trascender las administraciones gubernamentales y convertirse en una prioridad nacional basada en derechos humanos, equidad y responsabilidad social.
“La inclusión no puede depender de la edad ni de coyunturas. Debe consolidarse como una política pública sostenible, respaldada por planificación estratégica y financiamiento adecuado. Las familias dominicanas merecen garantías reales”, concluyó.
Finalmente, reiteró su disposición de contribuir desde el ámbito técnico y académico a la construcción de una agenda nacional que asegure atención integral y el cumplimiento efectivo de la Ley 34-23.