Santo Domingo.- “Es inminente y evidente que las sentencias que vendrán ante estas acusaciones van a ser sentencias duras, firmes y ejemplares”, sostuvo la procuradora de corte Mirna Ortiz, al destacar la fortaleza de las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial por corrupción administrativa contra el general Adán Cáceres Silvestre y compartes.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió al expediente acusatorio presentado contra los acusados al responder preguntas de la prensa durante un receso del juicio que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Como el Ministerio Público le anunció desde un principio, ha demostrado en juicio con todas y cada una de las pruebas, la fortaleza, que desde que presentamos la medida de coerción, se veía venir en este proceso”, dijo.
Las defensas de los imputados solo han presentado argumentos verbales contra las pruebas firmes y contundentes, declaró Ortiz, quien, junto al fiscal Jonathan Pérez Fulcar, representa al Ministerio Público en la litigación del caso.
Sostuvo que ante la derrota y en vista de una inminente sentencia condenatoria, los procesados realizan, a través de su vocero Adán Cáceres, un tour mediático en el que plantean a la prensa lo que no han podido demostrar en el tribunal, “olvidándose que los juicios se ganan en este salón de audiencias”.
“Si no tuviéramos pruebas, entonces: ¿de qué se preocupan? ¿Por qué hacer este media tours?, ¿Por qué se interesan en defenderse ante los tribunales?”, dijo la titular de la Pepca a los periodistas que le preguntaron sobre los planteamientos de Cáceres Silvestres en los medios informativos.
Las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ordenaron un receso del juicio hasta las 2:30 de la tarde de este jueves.
Sobre el proceso judicial
El pasado mes de febrero, luego de presentar sus conclusiones en el proceso, el Ministerio Público solicitó la imposición de penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos para los procesados por corrupción a partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.
Las penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos fueron solicitadas en contra de los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.
De igual manera, solicitaron la misma pena para los acusados, coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También, solicitaron la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de 10 años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, pidió 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
En su pedimento, el Ministerio Público también solicitó la clausura y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R & F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos a la razón social Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados a los procesados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.