La VI Semana de Justicia Climática rechazó, en sus conclusiones, la implementación de megaproyectos que demandan cantidades masivas de recursos vitales; como la propuesta de una estación aeroespacial en Pedernales, la cual consumiría millones de litros de agua diarios y vastas extensiones de suelo de esa empobrecida zona.
La plataforma de 13 organizaciones, integradas por entidades de la sociedad civil, movimientos sociales, campesinado, comunidades pesqueras, mujeres, juventudes y academia exigen que la transición debe ser justa, popular y soberana; por ello, no basta con cambiar la tecnología, sino que se deben transformar las relaciones de poder, democratizar la energía y garantizar planes de diversificación económica que protejan a los trabajadores que dependen de las industrias a sustituir.
“Mientras el Estado asume compromisos internacionales, a nivel nacional se sigue priorizando un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles y en megaproyectos. Resulta inaceptable que el Tribunal Constitucional haya rechazado el Acuerdo de Escazú, limitando las herramientas de las comunidades para defender sus derechos y buscar justicia ambiental”, dice el comunicado firmado por las 13 organizaciones.
Entre las organizaciones firmantes está: el Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, RedAfros, el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), entre otras entidades que respaldan la lucha por la protección del medio ambiente, contra el racismo y contra el cambio climático.
Afirman las organizaciones que la crisis climática no es un accidente técnico ni neutro, sino el resultado de un patrón histórico de acumulación que ha convertido nuestros territorios, ecosistemas y cuerpos en zonas de sacrificio. El evento se desarrolló en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), capítulo República Dominicana.
“El calentamiento global agrava las desigualdades preexistentes de clase, género, raza y localización territorial. Desde la isla que compartimos con Haití, levantamos nuestra voz frente a la COP31 y la COP17 de Biodiversidad, para exigir que la gobernanza global deje de ser un espacio cooptado por corporaciones y se traduzca en reparaciones históricas y transformaciones estructurales.
Reconocen que existen avances discursivos y compromisos oficiales, como la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), que proyecta un aumento en las metas de reducción de emisiones al 28%. Sin embargo, denunciamos la profunda desconexión entre estas políticas gubernamentales y la realidad de los territorios.
Advierten que la transición hacia una economía verde sigue siendo excluyente con las mujeres, ya que actualmente el 72% de los empleos verdes en la República Dominicana están ocupados por hombres.
“La COP31 de Cambio Climático y la COP17 sobre Biodiversidad no pueden convertirse en estaciones de promesas aplazadas ni de turismo corporativo. Exigimos la eliminación progresiva, vinculante y justa de los combustibles fósiles, el acceso directo al financiamiento y la reparación por pérdidas y daños, y el financiamiento climático basado en responsabilidad histórica”, sostienen.
Demandan además, el reconocimiento de pueblos afrodescendientes en la Convención Marco de ONU de Cambio Climático, la protección de defensores ambientales y aplicación del Acuerdo de Escazú, el reconocimiento de la deuda ecológica de los países del norte global y la participación vinculante de comunidades en los espacios de toma de decisiones.
“Desde la isla que compartimos con Haití, levantamos nuestra voz frente a la COP31 y la COP17 de Biodiversidad, para exigir que la gobernanza global deje de ser un espacio cooptado por corporaciones y se traduzca en reparaciones históricas y transformaciones estructurales”.