Advierte que la falta de personal pone en riesgo la integridad de adolescentes bajo custodia del Estado y llama a reforzar la protección en los centros de atención y corrección ; y hogares de pasos.
Santo Domingo. El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, Manuel Meccariello, hizo un llamado a las autoridades dominicanas para reforzar los mecanismos de protección en los centros de atención, corrección y reinserción de adolescentes, así como en los hogares de paso, mediante el fortalecimiento del personal de vigilancia, seguridad y atención especializada, incluyendo profesionales de la psicología, el trabajo social y otras áreas vinculadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Meccariello manifestó su preocupación por las denuncias difundidas en medios de comunicación sobre presuntas agresiones sexuales, maltratos físicos y hechos de violencia entre adolescentes privados de libertad, así como por los reportes recibidos por el Observatorio de familiares que expresan preocupación por la seguridad, la supervisión y las condiciones de permanencia de jóvenes bajo custodia estatal.
El defensor de los derechos humanos recordó que cuando un adolescente es ingresado a un centro de protección o corrección, el Estado asume la responsabilidad de garantizar plenamente su integridad física, emocional y psicológica.
Asimismo, señaló que en los últimos años la opinión pública ha sido impactada por denuncias de violencia en centros para adolescentes y por casos de muertes ocurridas en hogares de paso bajo custodia estatal, hechos que han generado investigaciones y cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y protección existentes.
“Cuando un niño, niña o adolescente pierde la vida mientras se encuentra bajo la tutela del Estado, toda la sociedad debe reflexionar sobre si se hicieron todos los esfuerzos necesarios para garantizar su protección. Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, prevención y atención integral en todos los centros donde permanecen menores de edad bajo responsabilidad estatal”, afirmó.
En ese sentido, propuso aumentar las plantillas de vigilancia, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores y profesionales especializados en salud mental y protección de derechos humanos, así como implementar auditorías periódicas, inspecciones independientes y mecanismos confidenciales de denuncia.
Una reflexión necesaria
“Hay una pregunta que el país debe hacerse con honestidad: ¿quién ayuda a sanar las secuelas psicológicas permanentes que puede dejar una agresión sexual, física o emocional en un adolescente? ¿Quién acompaña a la víctima para superar el trauma, reconstruir su autoestima y recuperar su proyecto de vida?”.
También advirtió que la atención no debe centrarse únicamente en las víctimas.
“Debemos preguntarnos qué está ocurriendo con los adolescentes que cometen estas agresiones. Muchos arrastran historias de abandono, violencia intrafamiliar, exclusión social y profundas afectaciones emocionales que, si no son abordadas adecuadamente, terminan reproduciendo ciclos de violencia dentro de los propios centros”.
El director del Observatorio sostuvo que tanto las víctimas como los agresores requieren evaluación psicológica, acompañamiento profesional y programas de rehabilitación que permitan romper los patrones de violencia y contribuir a una verdadera reinserción social.
“Ningún joven bajo custodia del Estado debe ser víctima de violencia física, agresiones sexuales, maltrato o abandono institucional. La protección efectiva requiere vigilancia permanente, personal suficiente, capacitación continua y una firme voluntad de garantizar los derechos fundamentales de cada adolescente. Aumentar el personal de vigilancia y atención especializada no es un gasto; es una inversión en seguridad, prevención, dignidad humana y reinserción social”, concluyó Manuel Meccariello.