El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que durante el período enero-marzo de 2026 logró gestionar la devolución de RD$125,210,193.89 a favor de consumidores afectados por irregularidades en la compra de bienes y la contratación de servicios, reafirmando su rol como garante de los derechos de las personas consumidoras.
El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, destacó que estos resultados reflejan un crecimiento sostenido tanto en la eficiencia de los procesos de mediación como en la confianza de la población en los mecanismos institucionales de reclamación.
“Hoy tenemos un consumidor más consciente de sus derechos y una institución más ágil para responder. Eso se traduce en soluciones reales y en dinero que retorna al bolsillo de la gente”, expresó.
De acuerdo con el informe, durante el primer trimestre del año se registraron 1,484 casos, de los cuales cerca del 90 % fue resuelto mediante acuerdos conciliatorios, evitando así procesos judiciales largos y costosos para las partes involucradas.
Entre las principales causas de reclamación figuran conflictos relacionados con daños inmobiliarios, incumplimiento de servicios, fallas en electrodomésticos, compra de vehículos, incumplimiento de garantías, devoluciones, cargos indebidos y casos de publicidad engañosa.
Subrayó que cada conciliación representa no solo una solución individual, sino también un avance en la cultura de respeto a los derechos del consumidor.
“Cada acuerdo exitoso es un conflicto menos y una señal clara de que el sistema funciona en beneficio de la ciudadanía. Ese es el eje central de nuestro trabajo”, afirmó.
El funcionario reiteró que la institución continuará fortaleciendo sus programas de vigilancia del mercado, educación al consumidor y orientación ciudadana, con el propósito de reducir las malas prácticas comerciales y consolidar un entorno más justo y transparente.
Dijo que estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley 358-05, que rige la protección de los derechos del consumidor en la República Dominicana, y que establece mecanismos claros para la defensa efectiva de los usuarios ante abusos o incumplimientos en el mercado.