“Ningún país del Caribe puede responder, por sí solo, a un mar que compartimos y sus cambios por efecto del cambio climático. Necesitamos construir una acción regional más concertada y basada en datos, con planes de adaptación costera reducción del riesgo para las comunidades, protección de las personas, planificación de los posibles desplazamientos y financiamiento”.
Así se expresó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig, al participar en la sesión sobre el aumento del nivel del mar de la 4.ª Cumbre sobre Movilidad Climática, organizada en Nueva York, al margen del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el Centro Global para la Movilidad Climática.
En su intervención, Puig recordó que la República Dominicana, como pequeño Estado insular en desarrollo con más de 1,500 kilómetros de costa, con poblaciones de alta concentración, infraestructuras y actividades económicas vitales en zonas costeras, tiene una alta exposición a los riesgos que impone el alza continua del nivel del mar.
“Pero República Dominicana se rehúsa a ser definida solo por su vulnerabilidad; de hecho, somos también una nación de soluciones. Por eso hemos reconocido los Principios Globales para Abordar la Movilidad Climática, pero lo hacemos desde nuestra perspectiva caribeña, demandando a esta Cumbre y a la comunidad internacional tres compromisos fundamentales: financiamiento para la adaptación que sea adecuado y accesible, marcos de cooperación regional que honren la soberanía y dignidad de las personas y transición económica verde que cree empleos para nuestra juventud”, dijo.
Puig detalló que las proyecciones muestran que el nivel del mar continuará aumentando durante este siglo, con efectos que combinan erosión costera, intrusión salina, inundaciones y marejadas, así como con el deterioro de manglares, arrecifes y playas que protegen comunidades y sostienen actividades como la pesca y el turismo.
“Más de 9,000 pescadores y sus familias dependen de arrecifes coralinos que, al degradarse, hacen que perdamos la barrera natural frente al oleaje y por tanto, miles de empleos, ingresos, seguridad alimentaria y la posibilidad de permanecer en las comunidades costeras que han sustentado a miles de familias, su acervo cultural y su memoria histórica, generación tras generación”, apuntó.
Max Puig aportó cifras precisas sobre la movilidad climática en el Caribe, entre las cuales mencionó que, solo entre 2017 y 2022, los registros nacionales reportaron más de 79,000 personas desplazadas por desastres y estos desplazamientos “se han relacionado principalmente con eventos de aparición súbita, pero los procesos de evolución lenta, incluido el aumento del nivel del mar, pueden modificar gradualmente la habitabilidad y las oportunidades económicas”.
En la región, el Modelo de Movilidad Climática para el Gran Caribe, desarrollado por Centro Global para la Movilidad Climática, proyecta que en 2050 alrededor de 8,2 millones de personas podrían desplazarse de manera permanente debido a los impactos económicos del cambio climático, y que la mayoría de ellas, casi 6 millones, lo harían dentro de sus propios países.
“Si bien estas cifras no son predicciones, ayudan a anticipar posibles presiones sobre comunidades de origen y destino, vivienda, infraestructura y servicios”.
El vicepresidente ejecutivo del CNCCMC insistió en que las islas, por sí solas, no pueden resolver la crisis climática global, por lo que se necesita de un compromiso global respaldado por la acción, “para que no sólo salgamos de estas cumbres con esperanzas, sino con compromisos concretos”.
El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono viene trabajando, junto al Centro Global para la Movilidad Climática, en el diseño de políticas públicas y mecanismos de cooperación internacional que aseguren la protección de las personas y su patrimonio cultural ante los efectos del cambio climático sobre los territorios y comunidades más vulnerables.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el Aumento del Nivel del Mar, que busca mejorar la información sobre los riesgos, reforzar la adaptación y la financiación, así como proteger a las comunidades más expuestas. En la práctica, esa información puede servir para decidir dónde y cómo construir infraestructuras, qué zonas necesitan mayor protección y qué servicios deben reforzarse antes de que aumenten las inundaciones.
El texto de la declaración también pide proteger, preservar y documentar el patrimonio histórico y cultural de las comunidades que pudieran verse afectadas por las subidas del nivel del mar, tales como tierras tradicionales, cementerios, lugares sagrados, sitios arqueológicos y paisajes costeros de importancia cultural.