El país se sumó a la Declaración de Abu Dabi y a la iniciativa Pledge4Justice, con compromisos para fortalecer el marco normativo y la coordinación del sistema de justicia.
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. – La República Dominicana reafirmó su compromiso de trabajar junto a la comunidad internacional en la prevención del delito, el fortalecimiento de la justicia penal y la protección de los derechos humanos, durante su participación en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado bajo el lema “Justicia para las personas y el planeta en la era digital”.
El encuentro reunió a representantes de 119 Estados miembros, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad académica, para analizar soluciones prácticas e innovadoras frente a los desafíos de la seguridad y la justicia. Entre los principales temas abordados figuraron el acceso a la justicia, las estrategias de prevención del delito, la cooperación en materia de justicia penal y la lucha contra las nuevas modalidades de criminalidad.
La delegación dominicana estuvo encabezada por Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, e integrada por la embajadora Ángela Vigliotta Mella, representante permanente ante los organismos internacionales en Viena; Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, viceministro de Políticas Públicas del Ministerio de Justicia, y Maura Martínez, encargada de Cooperación Internacional de esa institución.
República Dominicana asume compromisos para fortalecer el sistema de justicia
Durante su intervención en el segmento de alto nivel del Congreso, el Gobierno dominicano destacó la importancia de impulsar una transformación de la justicia penal centrada en las personas, sustentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
En ese contexto, resaltó la reciente reinstitución del Ministerio de Justicia, el fortalecimiento del principio de separación de funciones y el establecimiento de mecanismos de colaboración interinstitucional orientados a robustecer la capacidad del Estado para responder de manera coordinada a la criminalidad, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos.
La delegación también reafirmó la disposición del país de continuar trabajando con la comunidad internacional para construir sociedades más justas, inclusivas, pacíficas y democráticas.
Adhesión a la Declaración de Abu Dabi ya la iniciativa Pledge4Justice
Durante la sesión inaugural, la República Dominicana se sumó a la aprobación de la Declaración de Abu Dabi, documento político y estratégico que orientará las prioridades internacionales y la cooperación en materia de prevención del delito y justicia penal durante el período 2026-2031. Asimismo, se incorporó a la iniciativa Pledge4Justice, concebida para traducir los compromisos políticos en acciones concretas.
Como parte de los compromisos anunciados, el Gobierno dominicano manifestó su intención de continuar revisando el marco normativo nacional para responder con mayor eficacia a los desafíos de la criminalidad.
En particular, se propone impulsar, durante la legislatura ordinaria en curso y las tres siguientes, la aprobación de proyectos de ley relacionados con la atención, representación legal y protección de víctimas, testigos y personas en situación de riesgo; la persecución y judicialización de las organizaciones criminales; la regulación de determinados delitos y ciberdelitos; la reorganización de la Policía Nacional, y la adecuación del régimen de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El país también asumió el compromiso de avanzar, en los próximos 18 meses, en la instalación de mecanismos de coordinación del sistema de justicia que permitan concertar prioridades y articular esfuerzos entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales que lo integran.
Esta iniciativa contempla, además, organizar las necesidades nacionales en materia de cooperación internacional y proyectarlas hacia mecanismos regionales y universales, sobre la base de la confianza mutua, la solidaridad y el respeto al derecho internacional.
La delegación dominicana desempeña un papel activo en el Congreso
Además de la intervención oficial, los integrantes de la delegación dominicana desempeñan funciones relevantes en las sesiones plenarias y las actividades paralelas del Congreso.
La embajadora Ángela Vigliotta Mella dirigió una sesión plenaria en su condición de vicepresidenta del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. También presidió el Comité de Credenciales.
Por su parte, el viceministro Noel Sued Canahuate pronunció las palabras de clausura de un evento paralelo sobre cooperación jurídica y herramientas digitales, organizado el 30 de septiembre de 2026 por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).
La actividad se enmarca en los esfuerzos de cooperación regional y en la participación del Ministerio de Justicia dominicano en estos espacios de articulación institucional.
Encuentros bilaterales para impulsar la cooperación internacional
En el marco del Congreso, la delegación dominicana sostuvo encuentros bilaterales con representantes de otros países para explorar oportunidades de cooperación, intercambiar experiencias y fortalecer las relaciones institucionales, especialmente ante la reciente reinstitución del Ministerio de Justicia.
Entre las reuniones destacó el encuentro con el ministro de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, anfitrión y presidente del Congreso.
Asimismo, se celebraron reuniones bilaterales con las delegaciones de Canadá y Filipinas, y se desarrollaron conversaciones y acercamientos con representantes de Japón, Singapur, España, Turquía, Armenia, Ghana, Indonesia y Tailandia.
La delegación también intercambió impresiones con el coordinador general del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito y con representantes de organizaciones de la sociedad civil participantes en el encuentro.
Declaración dominicana ante el segmento de alto nivel
A continuación, se reproduce íntegramente la declaración pronunciada por el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Noel Sued Canahuate, en representación del Gobierno de la República Dominicana, ante el segmento de alto nivel del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
Declaración de la República Dominicana
Señor presidente, señores delegados y miembros de la mesa:
En nombre del Gobierno de la República Dominicana, es un alto honor estar presente en este notable foro y, especialmente, tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes, representantes de alto nivel de la comunidad internacional.
Agradecemos a las autoridades emiratíes, nuestros anfitriones, por la cálida bienvenida y las atenciones brindadas a las delegaciones que en esta ocasión visitamos su moderno país. Al presidente, por la excelente conducción de nuestros trabajos, y a la Secretaría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por la organización de este valioso Congreso.
Hablar de la prevención del delito, hoy más que nunca, conlleva pensar en una justicia centrada en la persona. La Constitución dominicana dispone como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la creación de condiciones que les permitan desarrollarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social.
Proteger la seguridad de las personas es, a su vez, garantizar sus derechos humanos. No por coincidencia, la temática de este decimoquinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal es la justicia para las personas y el planeta en la era digital.
La transformación digital, como una herramienta más al servicio de la justicia, no puede dejar de lado el rostro humano. Y, ante unas tecnologías que son desarrolladas e implementadas a la velocidad de la luz, la mejor custodia con la que contamos es continuar trabajando conforme a una planificación estratégica que, en este caso, se sustenta directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con esa visión de coordinación de esfuerzos en materia de justicia, la República Dominicana reinstituyó recientemente el Ministerio de Justicia, robusteció el principio de separación de funciones y estableció los mecanismos de colaboración interinstitucional adecuados para fortalecer la capacidad del Estado y asegurar una respuesta articulada contra el delito, que garantice el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Nuestro país está convencido de que una adecuada organización y coordinación de las instituciones públicas contribuye a la eficiente salvaguarda del interés general y la protección de los derechos humanos. En este escenario que hoy nos reúne, lo anterior es sinónimo de una gestión pública comprometida con el cumplimiento de los ODS y, de manera más concreta en el sector justicia, con la Declaración de Abu Dabi y su implementación en el período 2026-2031.
Así, con la determinación de contribuir directamente a la realización de los compromisos internacionales en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal y, en particular, de la Declaración de Abu Dabi, el Gobierno de la República Dominicana se compromete a continuar revisando su marco normativo, con el objetivo de asegurar que este dé respuesta eficiente a los retos que actualmente derivan de la criminalidad. Se procurará, de manera particular, durante la actual y las próximas tres legislaturas ordinarias, la aprobación de los proyectos de ley referentes a la Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo; la Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales; la regulación especial de determinados delitos y ciberdelitos; la reorganización de la Policía Nacional; y la adecuación de la regulación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, el Gobierno dominicano se compromete a avanzar en la instalación de mecanismos de coordinación del sistema de justicia en los próximos 18 meses, concertando prioridades y esfuerzos entre todos los poderes del Estado y órganos constitucionales que forman parte del referido sistema. Esta medida incluye también la organización de las necesidades del país en materia de cooperación internacional y su proyección hacia mecanismos regionales y universales, basada en la confianza mutua, la solidaridad y el respeto al derecho internacional. Con ello, reafirmamos nuestra convicción de que, en un mundo cada vez más interconectado, ningún Estado puede enfrentar por sí solo las amenazas que plantea la delincuencia en sus diversas manifestaciones.
La República Dominicana reitera su disposición de continuar trabajando junto a la comunidad internacional para avanzar en la construcción de sociedades más justas, inclusivas, pacíficas y democráticas.