Con el objetivo de proteger la salud pública, el bienestar de las personas y el medio ambiente, el Ministerio de Salud, de Medio Ambiente, de Educación, de Agricultura, y de Interior y Policía, junto con la Procuraduría General de la República y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), anunciaron que impondrán sanciones y procesarán penalmente a aquellos responsables de la fumigación ilegal que ponga en peligro la salud, principalmente en entornos escolares.
Esta iniciativa surge en respuesta a los incidentes de intoxicación en estudiantes y docentes a causa de fumigaciones aéreas y terrestres, en escuelas de la provincia Duarte y otras zonas del país.
Las autoridades indicaron que el uso de drones para fumigar aún no está regulado adecuadamente, por lo que genera riesgos y acordaron implementar un mecanismo de vigilancia interinstitucional para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, además de proteger a la población.
El ministro de Salud, Víctor Atallah, reafirmó el compromiso del Gobierno con la protección de la salud pública.
«Los ministerios firmantes asumen la responsabilidad de garantizar la protección de la salud pública y el medio ambiente, asegurando el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Esta declaración establece las bases para una acción coordinada y eficaz en la vigilancia de las fumigaciones con pesticidas, especialmente en entornos escolares y comunitarios», afirmó Atallah.
Medidas de acción y vigilancia
A partir de la próxima semana, las entidades involucradas, desplegarán una misión operativa en las zonas de mayor riesgo, con énfasis en aquellas áreas donde ya se han registrado incidentes previos.
Las medidas incluyen acciones según corresponda. Por lo pronto, Salud Pública implementará un programa de capacitación obligatoria para los aplicadores de plaguicidas, que incluirá la certificación correspondiente. Este programa será coordinado por los ministerios competentes a través del Departamento de Salud Ambiental y sus representaciones provinciales.
Además, se establecerá un sistema de vigilancia epidemiológica continua para identificar y responder a posibles casos de intoxicación.
Educación desarrollará programas de sensibilización en conjunto con el Ministerio de Salud, para informar a las comunidades escolares sobre los riesgos asociados a la exposición a pesticidas.
Además, indicará un perímetro de seguridad alrededor de los centros educativos y se prohibirá la fumigación durante los horarios escolares.
Asimismo, se incorporarán a las asociaciones de padres y madres, así como a los sindicatos docentes, en la vigilancia y notificación de irregularidades relacionadas con fumigaciones cerca de las escuelas.
En tanto, Medio Ambiente se encargará de monitorear el impacto ambiental de la aplicación de plaguicidas en zonas cercanas a comunidades escolares y urbanas. También, implementará medidas de control sobre el comercio y uso de plaguicidas de alta toxicidad y mezclas de productos peligrosos.
Agricultura creará un registro de aplicadores de plaguicidas y se establecerán mecanismos de trazabilidad para la comercialización de estos productos. Por igual, reforzará la vigilancia y notificará el uso de drones para fumigación, dado que actualmente no existen normativas específicas al respecto.
La función de la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente, será la encargada de investigar y procesar penalmente a los responsables de fumigaciones ilegales que pongan en peligro la salud pública, especialmente en áreas escolares. Las sanciones se aplicarán de acuerdo con las normativas vigentes.
De su lado, el IDAC ofrecerá apoyo en la instrumentación de casos relacionados con la aviación civil y garantizará el cumplimiento por parte de los pilotos de fumigaciones aéreas sobre los horarios y condiciones de vuelo, especialmente cerca de zonas escolares.
Exhortación a cumplir normativas
Las autoridades hicieron un llamado a las empresas y personas involucradas en la fumigación para que cumplan con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
Con estas medidas, el Gobierno busca proteger la salud de la población y garantizar que el uso de plaguicidas de manera responsable, bajo estrictas normativas para evitar daños a la salud, especialmente en entornos educativos y comunitarios.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en conferencia de prensa encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah; de Agricultura, Limber Cruz López, y Paíno Henríquez, de Medio Ambiente, además del magistrado Pedro Frías Morillo, procurador adjunto; Igor Rodríguez, director del IDAC, y Ancell Scheker Mendoza, de Educación, junto con representantes de Interior y Policía y las diversas instituciones participantes.
Por el MSP estuvieron, Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva; Luis Nelson Rosario, DPS/DAS; Ronald Skewes, Diepi; Gina Estrella, Gestión de Riesgos; Carlos Cueto, Salud Ambiental MSP, y Jesús Enmanuel Hernández, director jurídico.